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Del dicho al hecho, hay mucho trecho

Con más de cinco meses de confinamiento, los delitos, por obvias razones han disminuido, pero sin embargo se siguen registrando hechos de robos mayores, menores, homicidios y sicariato.
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Javier Pérez / Ecos del Combeima
18 Ago 2020 - 6:32 COT por Ecos del Combeima

La Secretaría de Gobierno Municipal, anuncia que puso en marcha el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en el propósito de tener en Ibagué una ciudad segura y tolerante y como un derrotero 2020-2023. 

Con más de cinco meses de confinamiento, los delitos, por obvias razones han disminuido, pero sin embargo se siguen registrando hechos de robos mayores, menores, homicidios y sicariato y donde cobran especial relevancia los hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes, empresas criminales que en pandemia se reinventan y no paran en sus actividades. Ojalá la formulación de las 19 estrategias y las 77 actividades que se consignan en el documento, tengan el seguimiento y la realización eficaz para garantizar seguridad y la convivencia, a través de la “prevención, vigilancia y control, e infraestructura y tecnología”.

No es la primera vez que una administración anuncia con bombos y platillos, que por fin se cuenta con el talento humano y las herramientas para alcanzar los fines sagrados de la tranquilidad y calidad de vida que se merecen los ciudadanos, pero la coyuntura socio-económica y humanitaria que se vive y que de alguna manera es diferente a las ciudades con menores índices de desempleo e informalidad,  que Ibagué exige mayor esfuerzo, seriedad y cumplimiento por parte de la administración y demás entes involucrados en la ejecución de este nuevo plan. 

La prevención inicia con las estadísticas de los hogares que por cuenta de la pandemia, las medidas restrictivas de la movilidad y demás circunstancias, aguantan física hambre y tampoco tienen la opción de un empleo o trabajo digo, situaciones que podrían inducir a desatinadas y dolorosas decisiones, avizorando descomposición social. Interesante la administración pueda atender los fenómenos sociales que padece una ciudad, pero también es acertado, desentrañar o conocer los motivos que originan la criminalidad en todas sus formas.

La infraestructura y la tecnología serán decisivas para el control y la vigilancia. Ojalá se propicie una buena coordinación con los líderes comunales, actores esenciales de apoyo en estos planes. La dotación de las cámaras de seguridad como un componente indispensable en el seguimiento, identificación y judicialización de los presuntos delincuentes.

Es un tema recurrente, pero es necesario complementar estos planes con la capacitación y sensibilización a los miembros de la fuerza pública, para que asuman una actitud seria, responsable y de compromiso en la ejecución de las estrategias y sus diferentes actividades. Generalmente las reuniones con los frentes de seguridad en el verbo y en el papel salen bien, pero en la realidad, nada cambia. 

Reto grande el de la administración municipal a través de la secretaria de gobierno, para poner en marcha un ambicioso plan de seguridad, donde sus resultados saltarán a la vista. Del dicho al hecho, hay mucho trecho.

Puntos finales:

No hay distanciamiento entre el Gobernador del Tolima y el Alcalde de Ibagué, lo que hay es poco entendimiento. ¿Peligra la agenda conjunta? 

¿Cómo le estará yendo a Planeación Municipal con el seguimiento y control al POT- Art. 502 del Decreto 823 del 23 de diciembre de 2014?

¿Será verdad, nada tienen que ver los Curadores Urbanos con el caos urbanístico que se presagia en la ciudad?

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Debo confesar algo con toda la honestidad del mundo: cuando empezaron a hablar de las APPA en el Tolima, yo también tuve que googlear.

Colombia arrancó un nuevo ciclo político esta semana. Pero hay otro tema y realidad que no espera y en el que debemos tomar acción.

Con la posesión del nuevo Gobierno Nacional comienza también la construcción del Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento de política pública más importante para orientar el rumbo económico y social del país durante los próximos cuatro años.

Aquí está probablemente la herencia económica más complicada del gobierno Petro. Se quiso construir un Estado capaz de garantizar más derechos, entregar más subsidios y asumir mayores responsabilidades sociales, pero no se consiguió construir al mismo ritmo la economía productiva capaz de financiarlo.

En medio de todas las locuras que aquí suceden, realmente somos unos afortunados, pues una vez más se demostró que Colombia es un país de instituciones fuertes y sólidas.

Ha pasado más de un mes y por el momento, no conocemos la voz de la nueva directora de Espacio Público, ni las estrategias con las que la ya no tan nueva funcionaria debe enfrentar dicha problemática, que como dije anteriormente, pareciera reducirse solamente a la ocupación de la mal llamada “calle bonita”.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.