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Opinión: La nueva forma de lucha II

El compromiso de quienes ponen la cara, de los que defendemos la verdad, la objetividad y la legalidad, es poner en evidencia esta “nueva forma de lucha” y sus protagonistas.
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10 Mayo 2020 - 8:54 COT por Ecos del Combeima

En mi columna pasada dejé consignada mi opinión sobre lo que denominé una “nueva forma de lucha”, termino que usó las Farc en su momento para definir el secuestro y la extorsión, como métodos de lograr someter la sociedad o financiar su grupo, para llegar al poder y es que el tema de las fake news, los perfiles falsos en las diferentes redes sociales y las fan page en Facebook, son el nuevo método mal usado articulada y sistemáticamente para desprestigiar, señalar, calumniar, injuriar, mover el periodismo, el aparato judicial del estado y por supuesto generar una percepción en la opinión publica. 

En tratándose del derecho a la libertad de expresión, la Corte Constitucional ha precisado que este es la regla y que la excepción a esa regla se crea en los casos en los que un ciudadano ve gravemente afectados sus derechos a vivir una vida digna y sea maltratada su honra y su moral, lo que significa que la intervención de los jueces es necesaria  sobre los usuarios de redes sociales, para proteger los ciudadanos de un daño grave sobre los derechos del otro, ha dicho además la corte que las redes sociales no son jueces y, por lo tanto, hay ciertas situaciones que sólo podrá resolver un juez, en otras decisiones la Corte Constitucional ha dicho que no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión los discursos discriminatorios,  la incitación al genocidio, la pornografía infantil, la propaganda de guerra, o la apología del odio que incite a la violencia, este ultimo que se comete frecuentemente cuando el ataque es sistemático y con la gravedad del pasamontañas virtual detrás del perfil falso, que sin duda se asemeja al sicario que dispara un arma para asesinar. 

El compromiso de quienes ponen la cara, de los que defendemos la verdad, la objetividad y la legalidad, es poner en evidencia esta “nueva forma de lucha” y sus protagonistas, denunciarlos ante las autoridades y en el terreno, que ellos usan para el odio, para satisfacer sus intereses y destruir, develarlos a ellos y sus planes, eso sí, siempre con la verdad, en búsqueda de la construcción de los valores del respeto por el ser humano, por la diferencia y por la ley.

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Porque ya no basta con producir bien. Tampoco basta con tener tradición agrícola. Hoy el reto es otro: producir con eficiencia, gestionar con criterio empresarial y competir con estándares más altos.

No se trata de cualquier café. Son los mejores cafés de cada departamento, aquellos que han logrado destacarse por sus perfiles sensoriales, su trazabilidad y su calidad excepcional.

Pero Colombia no es un modelo teórico. Es un país donde la economía real funciona con una lógica distinta: aquí el crédito no es únicamente una herramienta de consumo, es un mecanismo de supervivencia. Y es ahí donde aparece la otra cara del debate.

Colombia importa cerca de 1,5 millones de toneladas de maíz al año, base para producir pollo, cerdo y huevo. También importa grandes volúmenes de carne de cerdo, lo que termina afectando el precio interno.

Esta lamentable situación tiene dos caras de una misma moneda. Ataco, donde generación tras generación había vivido de la agricultura básica y una minería artesanal, se encuentra hoy sometido a la ilegalidad.

Es muy triste que, aunque hoy existan más denuncias, no haya la misma proporción de justicia, pues el país se acostumbró a la indignación digital, a los nombres que circulan, a testimonios que conmueven, a debates encendidos y luego al olvido.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.