Alcaldia
Gobernación
  |   06.Abril.2020   |   Por:  
Laura Castro

COVID19 y derroche son incompatibles

Crédito: 
Javier Pérez / Ecos del Combeima
Aranzalez
$19.000 millones de pesos se legalizaron en las oficinas de la Gobernación, en tan sólo cuatro días, porque las adjudicaciones de los contratos se hicieron de manera directa, sin que mediara oferta pública, como ha ocurrido en otros departamentos para darles opción a otros empresarios con actividades afines para presentar sus propuestas. Por: Laura Castro.
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Medios nacionales han registrado las últimas contrataciones de la Gobernación del Tolima, que se hicieron al amparo del decreto 323 del 24 de marzo de 2020, por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta en el Tolima” y otras complementarias del orden nacional,  por causa del covid-19.

$19.000 millones  de pesos se legalizaron en las oficinas de la Gobernación, en tan sólo cuatro días, porque las adjudicaciones de los contratos se hicieron de manera directa, sin que mediara oferta pública, como ha ocurrido en otros departamentos para darles opción a otros empresarios con actividades afines para presentar sus  propuestas. Tampoco se  permitió acudir a las uniones temporales, figura jurídica muy utilizada cuando se contrata con el estado, para conformar sinergias empresariales  y atender los requerimientos del oferente. Ahí no se vio que el ente territorial estuviera pensando en agrupar y reorganizar a varios empresarios para hacerlos partícipes de esas negociaciones y ayudar a mitigar la crisis que afrontan.

10.500 millones se destinaron para la compra de 105 mil kits de alimentos y aseo, conforme las dos únicas propuestas que se recibieron, pues los que llegaron unos minutos tarde, todo estaba “arreglado” o mejor consumado. Las empresas en mención, conforme se argumenta, se les adjudicó por su estructura y capacidad de atender en un mes los requerimientos de entrega de los mercados.

Enred Group S.A.S, que es línea Mercacentro, entregará 50 mil  kits por valor de 5 mil millones de pesos  y  Sierra Pineda S.A.S. otros 55 mil kits, por 5.500 millones de pesos. En estas negociaciones surgen inquietudes: ¿están los precios ajustados a la realidad del mercado? ¿Estará sobredimensionada la utilidad para el proveedor? ¿Podría existir detrimento patrimonial, teniendo en cuenta la utilidad,  rotación y entrega efectiva de los productos a los beneficiarios? ¿Cuál era la urgencia de contratar los kits, cuando se había podido implementar una figura,  que permitiera que cada adulto mayor o familia, decidiera qué comprar, por ejemplo,   con un bono de $100 mil pesos? ¿Son los productos los básicos de la canasta con equilibrio nutricional? ¿Los contratos suscritos no especifican cómo y en qué municipios se entregarán? ¿Cuántos para la capital del Tolima? ¿Cuál fue la planeación y coordinación para estas compras? (Inicio contrato Enred) (Propuesta Enred) (Cámara de Comercio Enred) (Contrato Enred) (Contrato Sierra Pineda) (Propuesta Sierra Pineda).

Esta negociación nos hace pensar en la plutocracia de la Grecia clásica, donde los gobernantes tomaban decisiones con influencia de los ricos o grupos económicos dominantes de la ciudad. Y es que no sólo fueron estas negociaciones, lo propio hizo la alcaldía de Ibagué, que contrató otros 52 mil kits, por 5.575 mil millones de pesos, con   Mercacentro, que ya había tenido adjudicación en la Gobernación, a través de Enred Group S.A.S. Es decir una sola empresa o mejor persona,  en Ibagué se ranqueó con ventas que alcanzaron los $10.575 millones de pesos. Mientras unos donan, otros están más interesados en la rentabilidad de sus negocios por encima de cualquier consideración, olvidando  sectores vitales de la economía en la ciudad, pero lo más desconcertante, justo en el momento que vive la economía en todos los niveles. (Propuesta Mercacentro)  (Obligaciones Mercacentro).

Llama la atención que en el tema de alimentos  y el sustento de los sectores vulnerables,  no exista una agenda conjunta entre gobernador y alcalde, que les permita construir una hoja de ruta con los gremios de íntegramente todos los sectores, instituciones como la pastoral social, la cruz roja y cientos de fundaciones  con propósitos similares de manera que se consolide una base de datos  con  personas que necesitan las ayudas a nivel departamento y su capital, para no generar reacciones negativas, ante la descoordinada entrega y distribución. Comprar por derrochar o por gastar, con los dineros públicos o privados, es pecado y también se puede configurar en delito. Ojalá los 155 mil kit adquiridos entre la Gobernación y la alcaldía lleguen a los que verdaderamente los necesiten y no vayan a terminar en manos de inescrupulosos, que en época  de tragedias y crisis es común verlos actuar.

Las negociaciones con los amigos, caso León Gráficas, quien a lo largo de las administraciones de Oscar Barreto, ha sido beneficiado con contrataciones que superan los 5 mil millones de pesos. En la era Orozco y en el papel de agencia de publicidad, recibe $1.020 millones, para que como en la pasada administración,  distribuya a los medios la pauta publicitaria conforme los lineamientos del gobernador. ¿Qué tan necesaria o conveniente es esa tercerización?. 

Igual situación ocurre con la adjudicación para la Corporación Hospital IPS, donde el amigo entrañable de Oscar Barreto, Ismael Perdomo socio de la misma y quien se favoreció con un contrato para insumos médicos por $1.658 millones de pesos. Con tal que cuando le vayan a pagar no le giren el doble de la cuenta y después crucen cuentas, tal y como pasó el agosto del año pasado en la Secretaria de Salud Departamental. En este contrato de insumos se  habla de un posible sobrecosto,  si se compara con otras cotizaciones de los mismos implementos. ¿Esa es la misma, se dijo, habría llevado a Oscar Barreto, Ricardo Orozco y Andrés Fabián Hurtado al Perú? (Documento Corporación IPS).

Las administraciones deben focalizar esfuerzos en la adquisición de insumos e implementos que requiere la población, más cuando se conoce que el uso del tapabocas en transporte público, plazas y supermercados, será obligatorio, y es bien sabido escasean, entonces tendrán que ser suministrados. La ubicación de lavamanos con jabón y desinfectantes en lugares públicos es urgente, pensando que de modificarse las condiciones del aislamiento,  se podrían ampliar los horarios para actividades cotidianas. Reforzar la compra de máquinas para la detención temprana del virus, que junto con el aislamiento, son medidas  más certeras para contrarrestar el covid-19. En fin todo lo que concierna a la protección de los ciudadanos para hacerle frente a este enemigo invisible es poco.

En conclusión, los contratos en la gobernación y la alcaldía son para los amigos y conocidos de Oscar Barreto, mejor prueba para dónde. El discurso de buenas prácticas y transparencia, de los actuales mandatarios local y seccional,  se queda en eso, solo palabras. Ojala los entes de control pongan la lupa en estos contratos, aunque todos sabemos que poco o nada avanzan en este país las investigaciones por posible corrupción.

Punto final: Sobre el tema anteriormente expuesto se pronunció la columnista Salud Hernández en  revista nacional. Le llegó la información de las redes sociales, o tiene una fuente en Ibagué con medio de comunicación,  que no se atreve a publicarlo.