Juez ordena medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Cunday
El alcalde de Cunday William Escobar López, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, dentro de una investigación penal por el presunto delito de corrupción al sufragante, contemplado en el artículo 390 del Código Penal colombiano.
La solicitud fue presentada por el fiscal 34 seccional de la unidad anticorrupción de Ibagué, Eduar Ignacio Suárez Perdomo, dentro del proceso identificado con el radicado 730016000432202502969. La medida busca garantizar los fines del proceso penal y no constituye una declaración de culpabilidad.
De acuerdo con la información suministrada, la Fiscalía sustentó su petición en elementos que permitirían inferir la posible participación del mandatario en la conducta investigada y en argumentos relacionados con la necesidad de proteger el proceso judicial. La imposición de una medida de aseguramiento exige el cumplimiento de los requisitos legales y la acreditación de alguno de los fines previstos en el Código de Procedimiento Penal.
La defensa técnica del alcalde apeló la decisión, por lo que el caso deberá ser revisado en segunda instancia. Entretanto, la Procuraduría solicitó al juez oficiar a la Gobernación del Tolima para gestionar el reemplazo del mandatario, sin esperar a que se resuelva la apelación. El alcance de esta solicitud y la situación administrativa del cargo deberán precisarse conforme a las decisiones de las autoridades competentes.
El proceso también ha generado comentarios en el municipio, especialmente por la cercanía de las ferias y fiestas de Cunday. Personas cercanas al mandatario lamentaron la decisión judicial, que representa un nuevo episodio en una investigación cuya solicitud de medida de aseguramiento, según la información suministrada, habría tardado cerca de tres años.
La situación jurídica del alcalde dependerá ahora de lo que determine el juez de segunda instancia. Mientras tanto, el mandatario conserva la presunción de inocencia y su responsabilidad penal deberá establecerse mediante una decisión judicial definitiva.