Descontento entre los sanantonianos ha generado la decisión adoptada por la Empresa de Servicios Públicos de San Antonio EMPOSANANTONIO ESP, a raíz del incremento de las tarifas del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. 

A pesar de que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 son subsidiados por el municipio, los costos finales para el consumidor, según los usuarios, se incrementaron en casi un 300 por ciento en la tarifa de agua y más del 200 por ciento en la tarifa de aseo.

El concejal Jorge Isaac Quiñones explica que durante el mandato de José Dayler Lasso y en el de Jorge Iván Vásquez no se ajustaron las tarifas de manera progresiva.

Por eso, la factura pasó de $259 metro cúbico por consumo de 12 metros cúbicos en el año 2014 a $853 por metro cúbico en mayo de 2022.

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¿Qué responde la empresa?

Ante el inconformismo de los usuarios, la empresa ha venido explicando que el aumento se tuvo que dar, porque desde el año 2014 no se incrementaron las tarifas -ni siquiera el IPC de cada año-, por eso la superintendencia de servicios públicos en el año 2019 ordenó a la empresa aplicar inmediatamente el régimen tarifario con base en la ley 142 de 1994 y la metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua potable del Ministerio de Vivienda, sin embargo la empresa no hizo la tarea y para rematar llegó la pandemia.

¿Qué dice la Superservicios?

Los usuarios solicitaron a la entidad que le permitiera a la empresa incrementar las tarifas progresivamente, pero la respuesta fue negativa, argumentando en que la metodología tarifaria se debió realizar a más tardar el 1 de enero de 2019 con el respectivo plan de ajuste de progresividad presentado por la empresa, sin embargo,  todo parece indicar que la junta directiva y el gerente de la época hicieron caso omiso a lo dispuesto en la normatividad y dejaron vencer los plazos definidos por la CRA.

¿Qué dicen los usuarios?

Uno de los principales señalados por los usuarios es el exalcalde de San Antonio 2016-2019 y exgerente de la EDAT, José Dayler Lasso, quien a propósito renunció a la entidad departamental para aspirar nuevamente a la alcaldía de esta población del sur.

Lasso Mosquera fue cuestionado en el Concejo Municipal sobre su responsabilidad en lo sucedido, a lo cual respondió que no ajustó tarifas “por no tocar el bolsillo de los usuarios y no asumir el costo político con la población”. 

Esta posición dilató el proceso de ajuste y al final se vencieron los términos para que la empresa se acogiera al principio de progresividad, el cual consistía ajustar gradualmente año tras año las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

¿Prevaricaron por omisión los responsables?

El código penal colombiano dispone en su artículo 414 que cuando un funcionario o servidor público es consciente en retardar, rehusar o hacer caso omiso de un deber legal o función que le compete, comete un delito llamado prevaricato por omisión. 

Pues ya serán las autoridades quienes establezcan si hubo faltas o responsabilidades de tipo penal, fiscal o disciplinario en contra de los funcionarios públicos que, por su omisión, le causaron presuntamente un detrimento patrimonial a la empresa de servicios públicos EMPOSANANTONIO.

Se dice que después de la tormenta llega la calma, pero todo parece indicar que se avecina otra alza en los servicios por parte de la empresa, puesto que los incrementos que se aplicaron en las facturas a partir de mayo de 2022 fue con tarifas de diciembre de 2019.