Un operativo conjunto entre Cortolima y la Policía Nacional permitió intervenir dos puntos donde se desarrollaban actividades de explotación ilícita de minerales en las veredas Tamarco y La Ceiba, en zona rural de Chaparral, con afectaciones sobre la quebrada Olini y el río Saldaña.

Durante las labores de control y vigilancia, funcionarios de la autoridad ambiental identificaron varios frentes activos de extracción mecanizada de oro aluvial y documentaron diferentes impactos sobre el ecosistema.

Entre las afectaciones encontradas se evidenció la remoción total de la cobertura vegetal, tala de árboles, alteraciones del paisaje y modificaciones en la morfología del terreno, además de la intervención de la zona protectora de las fuentes hídricas.

La zona corresponde a un ecosistema de bosque seco tropical, donde se encuentran especies como balso, yarumo, flautón y caracolí. De acuerdo con Cortolima, la pérdida de vegetación, la captación ilegal de agua y la intervención de estas áreas generan afectaciones sobre el equilibrio del ecosistema y las especies que lo habitan.

No contaban con permisos ambientales

Durante la inspección, los funcionarios establecieron que los sitios intervenidos no contaban con permisos ni licencias ambientales para desarrollar actividades de explotación minera.

Por esta razón, Cortolima anunció el inicio de los procesos administrativos correspondientes, a partir de los hallazgos documentados durante el operativo y dentro de las competencias de la autoridad ambiental.

Maquinaria inutilizada

La intervención también permitió afectar la capacidad operativa de la actividad minera ilegal. La Policía Nacional inutilizó seis retroexcavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales encontrados en los puntos intervenidos.

Según las autoridades, la maquinaria y los equipos utilizados en estas actividades representarían una operación económica superior a los $3.000 millones.

Cortolima señaló que continuará trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública para realizar acciones de control frente a actividades de explotación ilícita que generen afectaciones sobre los recursos naturales y el patrimonio ambiental del Tolima.