El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué condenó, en primera instancia, a siete personas vinculadas con la Fundación Peces Vivos por el delito de tortura agravada.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las penas impuestas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas e inhabilidades. El proceso está relacionado con hechos ocurridos durante 2016 y 2017 en las instalaciones de esta fundación, donde eran atendidos niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad.

El ICBF participó en el proceso penal en calidad de víctima y solicitó una sentencia condenatoria. Durante sus alegatos, la entidad sostuvo que las pruebas demostraban que las inmovilizaciones realizadas no correspondían a medidas terapéuticas legítimas, sino a actos de sometimiento incompatibles con el deber de cuidado.

Entre las pruebas presentadas durante el proceso estuvieron videos, registros internos de la fundación, testimonios de familiares y comunicaciones legalmente interceptadas. El ICBF también señaló que quienes estaban a cargo de la atención tenían un especial deber de protección frente a las personas bajo su cuidado.

La condena no está en firme, debido a que se trata de una decisión de primera instancia que puede ser apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

El ICBF reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra niños, adolescentes y personas con discapacidad, y señaló que las prácticas de cuidado no pueden convertirse en mecanismos de castigo o sometimiento.