La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, confirmó que las actuaciones relacionadas con una funcionaria de la entidad, señalada en un caso de quema, fueron trasladadas tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

La funcionaria explicó que la entidad aplica el mismo procedimiento frente a cualquier persona que realice una quema controlada o provoque un incendio que pueda constituir una afectación ambiental. Según señaló, los informes técnicos, visitas y procesos administrativos que puedan estar relacionados con posibles delitos contra los recursos naturales son remitidos a la Fiscalía para que determine las actuaciones correspondientes.

“Absolutamente todos los trasladamos a la Fiscalía”, afirmó Alfonso Ianinni, al señalar que no existen excepciones dependiendo de quién esté involucrado.

En el caso particular de la funcionaria de Corporación Autónoma, la directora indicó que también se entregó toda la documentación técnica a la Oficina de Control Interno Disciplinario, organismo encargado de adelantar la investigación disciplinaria y tomar las decisiones que correspondan dentro de sus competencias.

Alfonso precisó que la persona involucrada, identificada como Rubiela González Ortiz, trabaja o trabajaba en la Subdirección de Recursos Naturales de Cortolima.

El pronunciamiento pone sobre la mesa un mensaje político e institucional de la dirección de la Corporación: las investigaciones por posibles afectaciones ambientales deben avanzar sin distinción, incluso cuando los señalados hagan parte de la propia entidad encargada de proteger los recursos naturales.