La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, se pronunció públicamente, a través de su cuenta de X, frente a los hechos registrados en la vereda Guacamayas, en el municipio de Dolores, donde se habría presentado tala de cobertura vegetal y quema de material.

En su mensaje, Alfonso fue contundente al señalar que dentro de Cortolima “nadie está por encima de la ley” y explicó que, una vez la Corporación conoció lo ocurrido, activó las actuaciones correspondientes.
Según la directora, un equipo técnico verificó la tala de cobertura vegetal, la realización de quemas y la ausencia de permiso o autorización para el aprovechamiento forestal.

Ante esta situación, Cortolima inició un proceso sancionatorio ambiental y adoptó una medida preventiva. Además, el caso tomó una dimensión institucional luego de establecerse que una de las personas involucradas tendría vínculo con la planta de la Corporación.

Por esa razón, los hechos fueron puestos en conocimiento de Control Interno Disciplinario y de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

Alfonso aseguró que será la primera en exigir que se investigue el caso con rigor y dejó claro que no habrá encubrimientos.

Pero su pronunciamiento también tuvo un segundo mensaje: la defensa de la institucionalidad frente a quienes, según ella, pretenden utilizar este caso para cuestionar el trabajo de toda Cortolima.

La directora rechazó que una conducta individual sea utilizada para “generalizar responsabilidades” o poner en duda la emergencia ambiental que ha enfrentado el Tolima durante las últimas semanas.

Alfonso recordó el trabajo realizado por bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, alcaldías, Gobernación, Gobierno Nacional y funcionarios de Cortolima durante la atención de los incendios que han afectado diferentes municipios.

“Una conducta individual no representa a Cortolima”, sostuvo la directora, al destacar el trabajo de los equipos técnicos que han recorrido las zonas afectadas, atendido fauna silvestre, vigilado fuentes hídricas y evaluado los daños ambientales.

El mensaje de Alfonso termina marcando una posición clara: investigar y sancionar cuando corresponda, sí; convertir un caso particular en una acusación contra toda la Corporación, no.

Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existieron responsabilidades individuales en los hechos ocurridos en Guacamayas y cuáles serían las consecuencias.