Luego de que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué determinara el levantamiento del pico y placa ambiental en la vía Murillo–Manizales a partir del 30 de junio, la directora de Cortolima, Olga Alfonso, hizo un llamado a no relajar las acciones de control y protección ambiental en este corredor estratégico.

La funcionaria reconoció que se trata de una determinación judicial que traslada responsabilidades al orden nacional.

No obstante, insistió en que el trabajo ambiental no puede detenerse y debe fortalecerse en el territorio. Cortolima, según explicó, mantiene una presencia constante en la zona, especialmente durante los fines de semana, con operativos enfocados en pedagogía y control.

En ese sentido, destacó que la corporación dispone de ocho puestos de control a lo largo de la vía, donde se desarrollan actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia ambiental. Allí, equipos de funcionarios trabajan en los momentos de mayor flujo vehicular para mitigar impactos sobre el ecosistema.

“Somos la entidad que más presencia hacemos en el territorio, allá en esa vía, más que la Gobernación, más que la Alcaldía, más que el Gobierno Nacional, más que Parques”, afirmó.

Frente al nuevo escenario, la directora de Cortolima consideró fundamental que exista una mayor coordinación entre las entidades responsables. A su juicio, la transición debe servir para consolidar estrategias conjuntas que garanticen la conservación del corredor ambiental.

La decisión del Tribunal responde a la reclasificación de la vía como corredor nacional mediante resolución del Ministerio de Transporte, lo que implica que su manejo ya no recae exclusivamente en las autoridades territoriales. En ese marco, el Gobierno Nacional deberá liderar un plan de choque antes del 30 de junio, que incluya medidas como límites de velocidad, señalización preventiva y acciones para proteger la fauna silvestre.