Las comunidades indígenas Poincos Taira y Yaporox, asentadas en el municipio de Purificación, denunciaron presuntas vulneraciones de derechos humanos, amenazas y hechos de violencia ocurridos durante una minga pacífica adelantada en rechazo a actividades petroleras relacionadas con el proyecto Drago 1 E de la empresa Hocol.

De acuerdo con la Autoridad Ancestral del resguardo Coinkostaira, el conflicto se originó tras el hallazgo de restos arqueológicos e indígenas correspondientes al año 1710 y de la época colonial, encontrados el 19 de junio del año pasado en territorio del municipio. Según la comunidad, los estudios realizados indicarían que se trata de vestigios de alto valor ancestral y cultural.

Las autoridades indígenas aseguran que desde entonces han solicitado a la empresa el respeto al derecho fundamental a la consulta previa. Sin embargo, afirman que la situación se agravó luego del inicio de una minga pacífica el pasado 14 de enero.

Según el relato entregado por la comunidad, el 16 de enero, se habrían registrado nuevos hechos de intimidación y agresión contra los integrantes de la minga.

Las comunidades denuncian que varias carpas fueron incendiadas y que los manifestantes fueron retenidos durante varias horas. También señalan amenazas contra menores de edad y miembros de la guardia indígena, además de presuntos ataques armados cerca del lugar de concentración.

En medio de la controversia, el pasado 12 de marzo de 2026 se realizó una reunión entre representantes de las comunidades indígenas Poincos Taira y Yaporox, la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía de Purificación y la Personería Municipal.

De acuerdo con el “Acta No. 01 de 12 de marzo de 2026”, las partes acordaron permitir temporalmente el ingreso de vehículos y carrotanques para retirar residuos contaminantes del proyecto petrolero Drago 1 E, bajo estrictas condiciones de vigilancia y control por parte de la guardia indígena.

El acuerdo estableció que la empresa podría realizar dichas actividades los días 13, 15, 16, 17 y 20 de marzo, mientras que el 18 y 19 de marzo quedarían suspendidas debido a una visita técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Las comunidades dejaron constancia en el acta de que únicamente se permitiría la extracción de residuos contaminantes y no el retiro de equipos de perforación distintos a los contemplados en el acuerdo.

Además, reiteraron que la minga indígena ha permanecido en disposición de diálogo y que no ha respondido con violencia pese a los hechos denunciados.

Denuncian afectaciones ambientales

Las autoridades indígenas también manifestaron preocupación por posibles impactos ambientales derivados de la explotación petrolera en la zona.

Según las denuncias, el cauce del río habría disminuido y algunas quebradas cercanas a las operaciones petroleras presentarían afectaciones. Asimismo, aseguran que han disminuido las aves y los cultivos tradicionales de la región.