Una fuerte controversia política se desató en San Antonio luego de denuncias que señalan que el alcalde José Dayler Lasso presuntamente habría ordenado desmontar publicidad política relacionada con Iván Cepeda, uno de los nombres que suenan dentro del Pacto Histórico de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ante los cuestionamientos, la Administración Municipal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de persecución política y explicó que las actuaciones realizadas corresponden al cumplimiento de la reglamentación electoral vigente.

Según el pronunciamiento oficial, las medidas adoptadas se encuentran amparadas en el Decreto Municipal 033 de 2026, mediante el cual se establecieron las reglas para la instalación de publicidad y propaganda electoral en el municipio durante el proceso presidencial.

La administración indicó que toda instalación de vallas, pasacalles, pendones y demás piezas publicitarias requiere autorización previa por parte de la Alcaldía y el cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad.

En el comunicado también se aseguró que “no se registra la radicación de solicitud alguna relacionada con permisos para la instalación de publicidad electoral correspondiente a la candidatura o movimiento político asociado al doctor Iván Cepeda”.

Asimismo, se precisó que las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Tribunal de Garantías Electorales y demás autoridades competentes.

Frente a las críticas surgidas en distintos sectores políticos y ciudadanos, la Alcaldía rechazó “categóricamente cualquier señalamiento orientado a atribuir actuaciones de persecución política o limitación de derechos democráticos”.

El gobierno municipal sostuvo que mantiene su compromiso con “la participación ciudadana, el pluralismo político, la libre expresión de las diferentes corrientes ideológicas y el respeto por la voluntad popular bajo condiciones de igualdad, transparencia y legalidad”.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a todas las campañas, movimientos políticos y organizaciones sociales a cumplir las disposiciones que regulan la publicidad electoral y el uso adecuado del espacio público durante el actual proceso político.