En Chaparral se llevó a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos durante la toma de Puerto Saldaña, en el sur del Tolima, en el año 2000.

La jornada fue liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y contó con la participación de víctimas y comparecientes vinculados al proceso.

El encuentro hace parte de un proceso restaurativo que se ha desarrollado durante cerca de dos años, en el que las víctimas han tenido un papel central para abrir espacios de diálogo y reconstrucción de memoria en torno a uno de los episodios más violentos de esta zona del departamento.

Durante el acto, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los daños causados a la comunidad, que incluyen desplazamientos masivos, homicidios, secuestros y afectaciones profundas al tejido social.

Según el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, este tipo de escenarios buscan avanzar en compromisos concretos de reparación, reconciliación y esclarecimiento de los hechos, en coordinación con las víctimas y bajo supervisión judicial.

La toma de Puerto Saldaña, ocurrida en abril del 2000, dejó al menos cerca de dos mil personas desplazadas, aunque persisten subregistros.

Este corregimiento, ubicado en Rioblanco, ha sido históricamente afectado por el conflicto armado, en medio de disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial.

Desde las épocas de las guerras bipartidistas, este territorio ha estado marcado por la presencia de actores armados y constantes vulneraciones a los derechos humanos.

Para finales de los años noventa, la zona se convirtió en un punto estratégico por su ubicación, lo que la llevó a ser disputada por distintos grupos ilegales. En ese momento, el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia tenía fuerte presencia en el área, mientras que la guerrilla de las FARC-EP buscaba expandir su control territorial.

Entre el 1 y el 5 de abril del 2000 se registró un primer intento de toma por parte de las FARC-EP, que fue repelido por la Fuerza Pública y estructuras paramilitares. Sin embargo, el 25 de abril de ese mismo año, la guerrilla regresó con una ofensiva más amplia, iniciada desde la zona rural, que terminó con la toma del corregimiento.

El casco urbano fue uno de los puntos más golpeados por la confrontación. Tras estos hechos, la comunidad sufrió desplazamientos masivos y múltiples afectaciones que se extendieron durante años.