Gobierno Nacional cede y permitirá ajustes regionales a avalúos catastrales tras presión ciudadana
En medio de la creciente presión social por el aumento de los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional dio un paso atrás y habilitó ajustes territoriales, una decisión que podría aliviar parcialmente la situación en regiones como el Tolima.
A través de la resolución 0384 de 2026, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) facultó a sus direcciones territoriales para modificar los porcentajes de incremento definidos previamente, siempre que exista sustento técnico. La decisión se da luego de varias jornadas de protesta que iniciaron el pasado 9 de abril, impulsadas principalmente por comunidades rurales afectadas por los incrementos.
Con este cambio, las autoridades regionales podrán expedir actos administrativos para ajustar los avalúos, buscando mayor coherencia entre la información catastral y su aplicación en la vigencia 2026. No obstante, el Igac fue claro en que estos ajustes deberán basarse en criterios técnicos definidos por la Ley 2294 de 2023 y garantizar uniformidad en las zonas intervenidas.
La resolución surge tras un encuentro entre el Gobierno Nacional y representantes de veedurías campesinas, en un intento por destrabar la crisis generada por la actualización del catastro multipropósito.
En el Tolima, la decisión cobra especial relevancia. Desde inicios de año, alcaldes y comunidades rurales han advertido sobre incrementos desproporcionados en los avalúos catastrales, que en algunos casos no se actualizaban desde hace más de una década. Esta situación ha generado un fuerte impacto económico en los propietarios, especialmente en zonas agrícolas.
Municipios como Alpujarra, Cajamarca, Líbano, Honda, Mariquita, Chaparral, Prado y Purificación, entre otros, han reportado inconformidad generalizada por el alza en el valor de los predios, lo que se traduce directamente en mayores cargas tributarias.
El origen de estos incrementos se remonta al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que estableció un mecanismo excepcional para reducir el rezago catastral en el país. Sin embargo, la aplicación de la medida terminó desatando una ola de críticas por su impacto inmediato en el bolsillo de los ciudadanos.
