Las autoridades departamentales iniciaron un proceso de verificación tras la denuncia pública realizada por la representante a la Cámara y candidata por el Tolima, Martha Alfonso, quien aseguró que integrantes de su equipo de campaña habrían sido interceptados y obligados a abandonar el municipio de Murillo cuando adelantaban actividades políticas.

El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, informó que el caso fue expuesto en el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, donde se solicitó escuchar todas las versiones de los hechos, incluida la de la administración municipal, con el acompañamiento de la Procuraduría. “Hoy tuvimos Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, donde se pusieron a consideración una queja que puntualmente ayer me transmitió la Honorable Representante de la Cámara, Marta Alfonso, quien manifiesta que en el municipio de Murillo no se les permitió realizar una actividad”, señaló.

El funcionario explicó que se adelantarán reuniones regionales con los comités municipales de garantías electorales, secretarios de gobierno y alcaldes, con el fin de reiterar la obligación de brindar condiciones plenas para el ejercicio político de todos los candidatos legalmente inscritos, sin distinción de partido o corriente.

Bocanegra recalcó que la instrucción de la Gobernación del Tolima es garantizar la igualdad de condiciones durante la campaña electoral, tanto en la instalación de publicidad como en la realización de reuniones, desplazamientos y actividades proselitistas. “Las alcaldías municipales deben brindar condiciones de plenas garantías a todos los candidatos de todos los partidos que estén realmente y legalmente inscritos”, afirmó.

En cuanto al contexto del caso, Martha Alfonso denunció que el pasado 25 de enero su equipo realizaba un recorrido ciudadano en Murillo, entregando un periódico de rendición de cuentas, cuando fueron abordados por un funcionario que se identificó como Rafael Francisco Ardila Sierra, secretario de Gobierno del municipio, quien les habría exigido un supuesto permiso para adelantar proselitismo político.

Según la congresista, dicho requisito no existe en la normatividad electoral vigente y, al no acatar la solicitud, se habría pedido apoyo de la Policía Nacional. Posteriormente, los uniformados habrían solicitado documentos de identidad, realizado requisas y ordenado al equipo de campaña abandonar el municipio, impidiendo continuar con la actividad política.

Finalmente, el secretario de Convivencia Ciudadana aseguró que el departamento acompañará el proceso de esclarecimiento de los hechos y reiteró el llamado a los alcaldes a respetar las garantías democráticas. “La Gobernadora nos ha dado instrucciones concretas que todos los candidatos y candidatas tengan plenas garantías”, concluyó.