La Procuraduría General de la Nación, como consecuencia de los riesgos de financiación advertidos en su labor de vigilancia a la continuidad y garantía en la prestación del servicio de Prestación de Alimentación Escolar (PAE) en Tolima y el país, realizó una mesa de diálogo con el objetivo de acordar medidas concretas para evitar la suspensión o terminación anticipada de la prestación del servicio y la posible afectación a más de 3 millones y medio de niños y niñas en el país.

En la mesa de trabajo a la que asistieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), el ente de control expresó su preocupación por la ausencia de claridad y articulación entre las entidades relacionadas para atender su corresponsabilidad frente al PAE y fortalecer las medidas para evitar las posibles afectaciones.

Por su parte, frente a los retos de cofinanciación por parte de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), el DNP se comprometió a evaluar la posibilidad de acelerar la revisión, aprobación y viabilidad de los proyectos de regalías que fueron solicitados como fuente de financiación del PAE.

Finalmente, a través del Comité Especial de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar de la Procuraduría, se seguirán liderando las acciones de vigilancia que permitan individualizar las presuntas faltas de 14  entidades que se encuentran con el servicio suspendido o en riesgo alto de suspensión, y de aquellas que disminuyeron la asignación de recursos propios para cofinanciación o que no hicieron un aumento real, incumpliendo lo ordenado por la Ley 2167 de 2021, que “garantiza la prestación del PAE durante el calendario académico”.