Una nueva polémica se desató en el municipio de Rovira, Tolima, por la reubicación de comunidades desplazadas e indígenas en predios sin condiciones adecuadas de seguridad y dignidad.

Así lo advirtió el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento, Alfredo Bocanegra, al señalar la falta de articulación por parte del Gobierno Nacional, particularmente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según Bocanegra, este proceso de reubicación debería cumplir tres principios básicos: voluntariedad, seguridad y dignidad. En el caso de Rovira, aseguró que no se cumple con los dos últimos.

“El Comité de Orden Público dijo: no es seguro, porque hay actores violentos”, afirmó el funcionario, quien también advirtió que el predio asignado no cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad ni acceso a servicios básicos.

Además, lamentó que la ANT no haya asistido a las reuniones donde se discuten estas situaciones. La principal preocupación radica en que las tierras están siendo adjudicadas sin validación previa de las autoridades locales.

“Entonces no es adjudicar por adjudicar tierras”, insistió Bocanegra, quien señaló que incluso se desconoce si el terreno tiene acceso a agua potable o es apto para cultivos.

La falta de garantías ya empezó a reflejarse en la respuesta de los beneficiarios.

De las 13 familias inicialmente reubicadas, ocho decidieron desistir, dejando solo cinco interesadas en continuar con el traslado.