La historia no contada del choque entre la gobernadora del Tolima y el Gobierno por familias del Catatumbo
La reubicación de familias desplazadas desde el Catatumbo hacia el sector de 'La Condesa', en el municipio de Honda (Tolima), detonó el más reciente y tenso enfrentamiento entre la gobernadora Adriana Magali Matiz y el Gobierno Nacional.
Ecos del Combeima conoció que durante una reciente reunión con entidades del orden nacional, la mandataria departamental expresó vehementes reparos a la medida, en un encuentro donde, según asistentes, “salieron chispas”.
En la reunión estuvieron presentes la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas, quienes recibieron las duras críticas de Matiz.
Al parecer, parte de la molestia se debe a que la decisión fue comunicada únicamente por medio de un correo electrónico hace unos días, sin coordinación ni consulta previa con las autoridades territoriales del Tolima.
A lo anterior se suma que el predio designado no cuenta con condiciones mínimas de habitabilidad: carece de agua potable y baños funcionales. Además, el hospital más cercano está a 37,8 km, las escuelas a 11,6 y 33 km, y la estación de Policía a 34,4 km.
La situación es aún más crítica debido a los problemas estructurales de las viviendas, que presentan riesgo sanitario por plagas, y a la aparente ausencia de una caracterización adecuada de las familias trasladadas.
Este choque institucional, que inicialmente se estuvo con bajo perfil, salió a la luz durante una reciente intervención pública de la gobernadora, donde afirmó que “lo que se hizo fue una decisión cortoplacista del Gobierno Nacional.”
Según información obtenida por Ecos del Combeima, la preocupación de la Gobernación del Tolima no radica en la llegada de las familias como tal, sino en la falta de planificación.
Y es que el plan de desarrollo de Honda no contempla obras esenciales en la zona como puentes, puestos de salud o escuelas rurales.
“No hay capacidad institucional clara para asumir la llegada de una comunidad vulnerable a un predio rural tan alejado y con múltiples carencias”, señala un oficio de la Secretaría del Interior del Tolima al que Ecos tuvo acceso.
El caso ha dejado de ser meramente administrativo y ha escalado al terreno de lo político.
La gobernadora Matiz no solo reclama falta de coordinación, sino que ha convertido el tema en un llamado de atención sobre cómo el Gobierno Nacional maneja la política de reubicación de víctimas del conflicto en el Tolima.
