Si bien no está dentro de su jurisdicción o autoridad para investigar o acusar al presidente, la Fiscalía -bajo el liderazgo de Francisco Barbosa hasta febrero de 2024- jugará un papel crucial en el proceso contra Gustavo Petro por presunto financiamiento irregular de campaña y aparente violación de financiamiento. límites. ¿Pero por qué?

Actualmente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara -órgano legislativo encargado de investigar las denuncias contra el Jefe de Estado- tiene al menos cinco acusaciones contra el presidente Petro. La última se presentó este lunes tras las revelaciones de supuestos apoyos y vínculos entre el narcotraficante Juan Carlos López Macías (conocido como “El Sobrino”) y su esposa, Sandra Navarro, y la candidatura presidencial del Pacto Histórico en Yopal, Casanare.

A esta acusación -presentada por el diputado opositor Christian Garcés (Centro Democrático)- se suman otras presentadas por los congresistas Miguel Uribe Turbay y Jota Pe Hernández (Alianza Verde), e incluso una del candidato a alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Estos casos giran en torno a la supuesta entrada de fondos ilícitos a la campaña -como sugirió Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente-, así como la violación de los límites de financiamiento, según revelan escandalosos audios del exembajador Armando. Benedetti, que discutió la supuesta entrada no declarada de $15 millones a la campaña en la Costa Atlántica.

Sin embargo, solo uno de estos cinco casos se encuentra actualmente en investigación preliminar por parte de la Comisión de Acusación: el caso relacionado con la supuesta recepción de mil millones de dólares por parte de Petro Burgos del ex narcotraficante y ahora candidato Samuel Santander Lopesierra, mejor conocido como “El Hombre Marlboro”. ", y el polémico empresario Alfonso "El Turco" Hilsaca.

Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó al hijo del presidente y a su ex pareja, acusándolos de recibir dinero para beneficio personal, que pudo haber sido utilizado para la campaña. Ante la contundencia de las pruebas, ambos acordaron cooperar con la justicia a principios de este mes para evitar el encarcelamiento.

Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza las cuentas del Pacto Histórico y actualmente investiga al exjefe de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

En la Comisión de Acusación, donde pocos se atreven a hablar para evitar ser recusados -es decir, apartados de los casos por dudas sobre su imparcialidad-, las fuentes aseguran que la evidencia y la verdad detrás del caso Petro Burgos marcarán la hoja de ruta de lo que le espera a la presidente.

Por lo tanto, la atención y el interés están más centrados en el trabajo de la Fiscalía o el CNE, que en lo que pueden hacer los 3 investigadores designados por el Comité para determinar si se archiva o continúa con el proceso de juicio político contra el presidente. Estos representantes son Alirio Uribe (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).

“Se supone que están designados para investigar y acusar, pero como nunca pasa nada -y Francisco Barbosa lo sabe- la Fiscalía básicamente está haciendo su trabajo para que la evidencia sea tan contundente que nadie pueda lavarse las manos y decir que hay nada", explicó un miembro del Comité a EL COLOMBIANO. Otro representante afirmó: “La Fiscalía está asumiendo indirectamente todas las acusaciones, que eventualmente se consolidarán en 1 o 2 casos”.

No en vano, la mayoría de los que han acusado a Petro piden a la Fiscalía que contribuya a las investigaciones y aporte sus conclusiones.

En medio de la avalancha de denuncias, el gobierno analiza y trata de anticipar las dinámicas al interior de la Comisión de Acusaciones. De sus 18 miembros, solo 3 son del Pacto Histórico, es decir, leales al presidente. Además, 2 son de Alianza Verde, incluida la diputada Katerine Miranda, quien se ha distanciado del gobierno a pesar de que su partido forma parte de él.

Entre los partidos independientes, que suman 8 escaños, hay mayor resistencia a Petro, aunque algunos diputados podrían apoyarlo. Sin embargo, existe la posibilidad de que sus partidos impongan el voto en bloque, como se rumorea, según admitió un representante a este diario. Entre los que podrían apoyar al Jefe de Estado están María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Daniel Restrepo (Partido Conservador) y William Aljure (Curules de paz). Por lo tanto, en el escenario más optimista, el lado de Petro tendría entre 7 y 8 votos.

En cambio, la oposición -además de los 2 votos de Centro Democrático y 1 de Cambio Radical- tendría 2 votos del Partido Conservador (Juan Carlos Wills y Wadith Manzur); 1 de los curules de paz (Jorge Rodrigo Tovar); 1 del Partido Liberal (José Octavio Cardona), y 1 de La U (Jorge Eliécer Tamayo). Esto significaría al menos 8 votos. De ahí la importancia de la postura de representantes como Miranda o Wilmer Carrillo.

Si el proceso logra avanzar por la Comisión, deberá pasar por el pleno de la Cámara (similar al Proceso 8.000 contra Ernesto Samper) y luego por el Senado. “La legislación de hoy es diferente a la de la época de Samper, porque ahora la excusa de 'no sabía' no es una justificación para violar los límites de financiamiento o recibir financiamiento prohibido. Ojalá el Congreso responda a la gente en lugar de recibir favores políticos... Esto La situación es más grave que el Proceso 8.000 y la narcopolítica”, dijo el diputado Garcés a EL COLOMBIANO.

Por otro lado, un miembro anónimo del Comité expresó su confianza en que el caso pueda ir más allá del Proceso 8.000, sin que necesariamente lleve a la destitución de Petro. “Esto no es 8.000 cuando el presidente tenía el apoyo de las empresas, los medios y la mayoría del Congreso de su lado. Además, ahora hay redes sociales y el escrutinio contra los congresistas es diferente”.

El proceso recién comienza, y aunque han pasado 15 días desde que el representante Wadith Manzur -independiente del gobierno- asumió la presidencia del Comité, aún no se han reunido para discutir los casos. Mientras tanto, ya se anuncian recusaciones contra los encargados de investigar los procesos, y en la Casa de Nariño no descartan salir a la calle si el escenario se torna desfavorable. “El Comité está a la espera de la Fiscalía. Si se comprueban las irregularidades, será muy difícil apoyar al Gobierno”, concluyó un diputado.