La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su tercer debate el proyecto de acto legislativo que establece una reforma política.
El resultado del encuentro fue anunciado en la noche del miércoles tras casi 11 horas de debate, en el que participaron los 41 integrantes de la comisión.
Dentro de los temas discutidos, los congresistas hablaron de la democratización de los partidos, la conformación de listas para elecciones de corporaciones públicas y la financiación de campañas.
La reintroducción en la norma del artículo que elimina facultades a la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente fue uno de los aspectos que más causó revuelo en el encuentro, teniendo en cuenta que este papel solo lo podría cumplir un juez de la República mediante sentencia judicial.
"Este artículo busca armonizar la Constitución política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos”, indicó Heráclito Landinez, coordinador ponente del proyecto de ley.
En cuanto a la financiación de las campañas, candidatos y partidos, también se aprobó la eliminación de la posibilidad de recibir aportes privados, por lo que el financiamiento sería netamente estatal.
Igualmente fue aprobada la reducción de la edad mínima establecida por la Constitución para ser senador desde los 30 años y representante a partir de los 25 años. Así mismo, se aprobaron otros artículos como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros sin incurrir en inhabilidades e incompatibilidades; se limita hasta por tres periodos la posibilidad de reelección de los funcionarios que integran corporaciones públicas (Congreso, Asambleas y Concejos); el transfuguismo político se aplicaría por un periodo de dos meses después de la entrada en vigencia de la reforma, así como el establecimiento de listas cerradas desde las próxima elección.
Artículos que habían sido incluidos en la ponencia como la segunda vuelta para alcaldes y gobernadores, el voto obligatorio, la delimitación de las candidaturas a las circunscripciones de paz, la reducción del número mínimo de ediles de las localidades y las modificaciones al estatuto de oposición para que en el caso de que el voto en blanco quedase en segundo lugar el tercero en votación asumiera la curul de la oposición fueron negados por la corporación.
Por lo pronto, el proyecto entra ahora a su cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el cual deberá surtirse antes del 16 de diciembre, para que pueda pasar su primera vuelta y reinicie su discusión en marzo de 2023.