Con una contundente votación de 79 votos a favor y uno en contra, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que actualiza el régimen del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, extendiendo formalmente este marco tributario a los dispositivos electrónicos y vapeadores en el país.

Con esta decisión, la iniciativa queda a un solo paso de la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Una tarifa intermedia concertada

Durante el debate, aunque las bancadas de todos los sectores coincidieron en la necesidad de gravar estos dispositivos, la discusión principal giró en torno a la cuantía del gravamen. 

Finalmente, se aprobó una tarifa intermedia de $7.800 más un 20 % ad valorem, posicionándose entre la propuesta inicial del Gobierno y la cifra que venía de las comisiones.

El ponente del proyecto, el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, defendió la fórmula basada en la curva de Laffer:

“Cuando las tarifas son excesivamente altas, la realidad nos muestra que el consumo migra al contrabando. Buscamos el equilibrio exacto para recaudar y desincentivar sin disparar el mercado ilegal”.

Por su parte, el senador David Ricardo Racero Mayorca del Pacto Histórico, respaldó el consenso frente a los $5.100 iniciales propuestos por las comisiones, mientras que el senador Héctor Olimpo Espinosa Oliver del Partido Liberal, subrayó la urgencia de regular un mercado con alta adopción entre jóvenes, señalando que los nuevos recursos irán directamente a fortalecer el sistema de salud territorial.

Debates sobre fiscalización y salud pública

El proyecto generó posturas encontradas respecto al alcance de la medida, argumentando que el Gobierno planteaba tarifas de hasta $11.200 en la Ley de Rescate Fiscal, respaldando un concepto de la ministra de Salud, Ana María Vesga, que calificaba el incremento actual como insuficiente para desincentivar el consumo.

Asimismo, sectores de la oposición y partidos independientes como el conservador David Barguil y delegados de Cambio Radical y En Marcha manifestaron dudas sobre el impacto en las rentas departamentales y recalcaron que el mayor desafío institucional será fortalecer el control aduanero y la fiscalización en fronteras para evitar el contrabando.