La exrepresentante Martha Alfonso cuestionó el respaldo de la gobernadora a la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, mientras Erika Palma defendió a la mandataria y señaló al gobierno de Gustavo Petro por el fortalecimiento de los grupos armados.

La crisis de orden público que golpea al sur del Tolima trascendió el escenario de seguridad y terminó convirtiéndose en un nuevo enfrentamiento político. Esta vez, las protagonistas fueron Martha Alfonso, exrepresentante a la Cámara, y Erika Palma, precandidata a la Alcaldía de Ibagué.

Alfonso cuestionó que la gobernadora Adriana Matiz celebre las políticas de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Aseguró que los discursos de confrontación y las provocaciones contra los grupos armados, sin suficiente capacidad institucional para responder, pueden generar consecuencias para la población civil. También recordó los avances que, según ella, experimentó el sur del Tolima durante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

La excongresista fue más allá y puso sobre la mesa la responsabilidad de las administraciones departamentales. Recordó que el Partido Conservador ha gobernado el Tolima durante varios periodos y cuestionó que persistan problemas estructurales en el sur, como las deficiencias viales, la falta de agua potable y las dificultades de infraestructura educativa. Además, señaló la minería ilegal en Ataco como una de las fuentes de financiación de las estructuras criminales y cuestionó la falta de controles de las autoridades.

Por su parte, Erika Palma defendió los pronunciamientos de Adriana Matiz y rechazó que se responsabilice a la actual administración departamental por la crisis de seguridad. Sostuvo que el deterioro del orden público es consecuencia del fracaso de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y respaldó los cuestionamientos de la gobernadora sobre el crecimiento de las disidencias, las extorsiones y la expansión territorial de los grupos armados.

Palma también sostuvo que la paz debe traducirse en tranquilidad para las familias, seguridad para los campesinos y garantías para los comerciantes. En ese sentido, cuestionó los resultados de la estrategia del anterior Gobierno nacional y defendió la necesidad de respuestas contundentes frente a las organizaciones criminales.

Un debate que también tiene lectura electoral

Más allá de las diferencias sobre seguridad, el enfrentamiento deja ver dos posiciones políticas frente al Gobierno nacional y la administración departamental. Martha Alfonso cuestiona el respaldo de Matiz a la estrategia de confrontación militar de De la Espriella, mientras Erika Palma coincide con la gobernadora en sus críticas a la política de seguridad del anterior Gobierno.

La discusión también pone en el centro temas como la minería ilegal, la responsabilidad de las autoridades, la presencia institucional y las soluciones sociales para el sur del departamento.