El concejal Andrés Zambrano expresó varias preocupaciones tras el debate de control político al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, especialmente por los retrasos en la implementación, la falta de claridad sobre algunos contratos y la ejecución de los recursos destinados al proyecto.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el contrato de semaforización, por cerca de $9.000 millones, cuya fecha de terminación, según explicó el concejal, fue el 29 de septiembre. Zambrano señaló que no encontró trazabilidad de los informes mensuales que debía entregar el contratista y cuestionó qué recibirá formalmente la Administración Municipal al cierre del contrato.

El cabildante también advirtió que, aunque ya se instalaron semáforos en 34 intersecciones, todavía no está disponible el centro de control que permitiría gestionar su funcionamiento de manera integrada. Según explicó, sin esa infraestructura no sería posible aprovechar plenamente herramientas como cámaras y sensores para ajustar los tiempos semafóricos de acuerdo con el flujo vehicular.

“Quieren seguir avanzando en la instalación de los semáforos, pero no tienen cómo controlarlos”, afirmó Zambrano, quien pidió claridad sobre cuándo estará listo el centro de control y cómo se verificará el cumplimiento de la primera fase del proyecto.

Dudas sobre el modelo financiero

Otro de los puntos señalados durante el debate fue la elaboración del modelo financiero del SETP. Zambrano cuestionó que en 2025 se hubieran firmado tres contratos que, según su versión, debían contribuir a ese propósito, pero que posteriormente se contratara una nueva consultoría por $300 millones para desarrollarlo.

El concejal aseguró que solicitó explicaciones sobre los productos entregados en los contratos anteriores y sobre la manera en que estarían siendo utilizados como insumos para la nueva consultoría. Sin embargo, afirmó que durante el debate no le mostraron documentos concretos que permitieran identificar esos aportes.

Por esta situación, recordó que presentó una denuncia ante la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial relacionado con los tres contratos de 2025 y pidió que se adelante la revisión correspondiente.

Zambrano también cuestionó la falta de claridad sobre la creación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, previsto en el modelo financiero para contribuir a cubrir los costos del sistema y evitar que toda la carga recaiga sobre los usuarios.

Como ejemplo, mencionó que el costo técnico del pasaje podría rondar los $3.800 para 2027, mientras que el usuario pagaría una tarifa menor y el fondo cubriría la diferencia mediante otras fuentes de financiación. Aclaró que se trata de una proyección y cuestionó que todavía no exista una fecha clara para poner en marcha ese mecanismo.

Solo se ha ejecutado el 39 % del Conpes

La preocupación del concejal también se extiende al avance general del proyecto. De acuerdo con las cifras que expuso durante el debate, la ejecución del Conpes 4017 de 2020 se ubicaría en el 39 %, cuando para esta etapa debería superar el 60 %.

Zambrano advirtió que el documento contempla recursos superiores a los $550.000 millones y que, según las cifras que presentó, los aportes ejecutados por el Gobierno Nacional apenas rondarían los $48.000 millones.

El cabildante manifestó su preocupación por la posibilidad de que los retrasos y la baja ejecución pongan en riesgo la continuidad de los recursos destinados a Ibagué. Por ello, pidió mayor rigor en la implementación del SETP y respuestas claras sobre los contratos, los cronogramas y las obras pendientes.

“No podemos seguir patinando en las respuestas que damos aquí al interior del Concejo Municipal”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que la Administración debe explicar cómo se garantizará el cumplimiento de los compromisos del sistema, de manera que los recursos destinados a transformar la movilidad de Ibagué se traduzcan en resultados concretos para la ciudad.