La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 003 de 2026 Cámara, que crea el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad y establece una nueva arquitectura institucional de discapacidad, cuidados y apoyos.

Este proyecto es  de autoría de los representantes Estefanel Gutiérrez Pérez y Catherine Juvinao, con ponencia de John Alexander Molina Betancur y Jaime Alonso Cano Martínez.

La iniciativa crea un sistema público, descentralizado e intersectorial que articula las políticas de accesibilidad, apoyos, cuidados, vida independiente, educación inclusiva, salud, trabajo, justicia, movilidad, cultura, deporte, participación y protección social. De igual manera designa al Ministerio del Interior como ente rector, establece rutas integrales de atención, una ventanilla territorial, reglas de cofinanciación, un trazador presupuestal y una base de datos común, con implementación gradual.

Los ponentes recordaron que según cifras del DANE de 2020, en Colombia hay más de tres millones de personas con discapacidad, de las cuales 1.784.372 reportan severidad 1 y 2, y que el 76,2 % de quienes las cuidan son mujeres.

El representante Molina explicó que la propuesta no crea burocracia, sino que reorganiza capacidades que ya existen, se ajusta a la Ley 819 de 2003 y cuenta con una solicitud de viabilidad fiscal en trámite ante el Ministerio de Hacienda.

El representante Cano planteó que el reto es que la arquitectura institucional se traduzca en una ruta clara, un apoyo oportuno y un cuidador que no asuma solo la carga. El autor, representante Gutiérrez, insistió en que la discapacidad no es una enfermedad y en que el principio “nada de nosotros sin nosotros” guíe el trámite.

El representante Jaime Raúl Salamanca, advirtió sobre la necesidad del aval del Gobierno nacional, por tratarse de asuntos de la estructura de la administración, y sobre la rectoría que la Ley Estatutaria 1618 de 2013 asigna al Ministerio de Salud.

Salamanca pidió además mayor participación de las organizaciones de personas con discapacidad y claridad sobre qué cambia frente a la Ley 1145 de 2007. Carrascal subrayó que el sistema requiere recursos para ser efectivo.

Los ponentes y autores se comprometieron a conformar una mesa técnica para revisar los reparos de constitucionalidad y fiscales, e invitar a las organizaciones de personas con discapacidad y de cuidadoras antes de la ponencia de segundo debate. 

La representante Juvinao anunció una audiencia pública con la sociedad civil para ese trámite, y varios congresistas pidieron asegurar los recursos del proyecto en el presupuesto.