Tal y como se había anunciado el Gobierno presentó esta tarde ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, iniciativa que busca fijar los parámetros e incentivos jurídicos que lleven a la desarticulación de las bandas de criminales en el país.

La iniciativa fue presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara y de Justicia, Iván Cancino, quienes explicaron que la presentación de este borrador técnico responde a los compromisos institucionales de fortalecimiento de la administración de justicia y orden público. 

El articulado ingresará para su primer debate por la secretaría de las comisiones constitucionales correspondientes. 

Dentro de los aspectos destacados de proyecto se encuentra la prórroga de la Ley 418 de Orden Público, que en ha servido como plataforma para la puesta en marcha de los procesos de paz, cuya fecha de vencimiento es el 5 de noviembre. 

El ministro Cancino al presentar el texto del articulado que será estudiado por el Congreso, señaló que sí habrá un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de las estructuras que se acojan a la justicia, pero dejó claro que no habrá penas máximas o mínimas, sino rebaja de sanciones dependiendo de los delitos por los cuales sean juzgados.

“En la ley se habla de un tratamiento penal diferenciado que trae los montos. Durante mucho tiempo se hablaba de penas máximas, de penas mínimas, límites y eso se trabajó en la ley de Justicia y Paz y las leyes de la justicia transicional, pero esto parte de la justicia ordinaria en donde se va a ir bajando la pena hasta en una proporción", dijo.

Dentro de la propuesta del Gobierno se deja en firme que no habrá procesos de negociación con estas estructuras y que no se tendrá un estatus político para ninguno de los miembros de estas organizaciones.

El Minjusticia expresó que solo los abogados tendrán la posibilidad de ser interlocutores con el Gobierno para fijar las reglas de la desmovilización, porque no se trata de una negociación política. 

Tampoco se consideran beneficios como la suspensión de trámites de extradición que pesan sobre cabecillas o líderes de grupos delincuenciales, tampoco se suspenderán órdenes de captura ni se tendrán sitios de reclusión especial.

Sobre la víctimas el jefe de la cartera de asuntos jurídicos aseguró que estas serán el centro de la discusión pues su opinión será tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus victimarios.