Durante la audiencia de formulación de cargos contra el exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera, la Fiscalía expuso las razones por las cuales considera que el entonces mandatario habría incumplido sus deberes de control frente al contrato de interventoría del puente de la calle 60.

Según explicó el fiscal, Hurtado había delegado la ordenación del gasto en la Secretaría de Infraestructura mediante el Decreto 1.000-0026 del 11 de enero de 2023. Sin embargo, para el ente acusador, esa delegación administrativa no lo exoneraba de ejercer control, seguimiento y vigilancia sobre las actuaciones de sus subalternos.

El fiscal sostuvo durante la audiencia que Hurtado conservaba la facultad legal de reasumir la competencia y tenía un deber superior de revisar las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos. Bajo esa tesis, la Fiscalía considera que el exalcalde estaba obligado a adoptar medidas para evitar posibles afectaciones al patrimonio del municipio.

Uno de los aspectos centrales de la formulación de cargos está relacionado con el contrato de interventoría 1313 de 2023, suscrito por $2.997 millones, cuyo propósito era realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.

La Fiscalía también cuestiona que se hubieran realizado pagos superiores a $1.000 millones al consorcio interventor cuando la obra registraba un avance inferior al 6 %, situación que, según el ente investigador, habría ocurrido pese a que los desembolsos debían estar relacionados con el avance de la construcción.

En otro de los apartes de la audiencia, el fiscal sostuvo que la posición de garante que, según la Fiscalía, tenía Hurtado se habría reforzado por decisiones administrativas adoptadas durante su administración. El ente acusador relaciona esta circunstancia con la presunta creación de un riesgo para los recursos públicos.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos contra Hurtado, de acuerdo con la presunta responsabilidad que le atribuye, por delitos relacionados con peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por omisión, entre otras conductas investigadas. El exalcalde no aceptó los cargos.

Las afirmaciones corresponden a la tesis presentada por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos y no constituyen una condena. La responsabilidad penal de Hurtado y de los demás procesados deberá ser determinada dentro del proceso judicial.