El senador Juan Espinal manifestó su respaldo al proyecto de decreto presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para modificar las reglas de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas en Colombia.

La propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, con el propósito de actualizar el marco de actuación estatal frente a las movilizaciones y precisar las circunstancias en las que las autoridades podrían intervenir cuando se presenten hechos violentos o afectaciones a terceros. El proyecto fue publicado el 28 de septiembre y permanecerá abierto a comentarios hasta el próximo 4 de octubre.

Espinal sostuvo que la iniciativa no busca modificar el núcleo del derecho a la protesta y señaló que las manifestaciones pacíficas deben conservar sus garantías. “El Estado no pretende modificar el núcleo esencial del derecho a la protesta. Desde el Centro Democrático respetamos las manifestaciones y hemos participado en ellas, pero la protesta nunca puede estar por encima de derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la libre locomoción”, afirmó el congresista.

Entre los escenarios contemplados en el proyecto se encuentran el porte o uso de armas de fuego o elementos cortopunzantes, el uso de explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas contra su voluntad y las agresiones contra manifestantes, policías, personal médico, periodistas u otros terceros. En estas circunstancias, el texto plantea que la Policía pueda intervenir directamente contra quienes estén incurriendo en conductas violentas, sin que sea necesario agotar previamente todas las etapas de diálogo.

Al mismo tiempo, el borrador mantiene disposiciones orientadas a proteger la protesta pacífica. Entre ellas, contempla que no se requiera aviso previo para ejercer este derecho, presume el carácter pacífico de las movilizaciones y establece que la obstrucción de vías, por sí sola, no convierte una manifestación en violenta. El proyecto también mantiene restricciones al uso de armas de fuego por parte del personal policial encargado del control de multitudes.

“Es fundamental que la Fuerza Pública pueda intervenir cuando se evidencie la presencia de personas con armas blancas o de fuego que pongan en riesgo la vida e integridad de los manifestantes y de todos los ciudadanos”, señaló Espinal.

El Gobierno ha presentado la propuesta como una actualización del protocolo vigente para buscar un equilibrio entre el derecho a la manifestación y la protección de derechos como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo y la educación. El documento todavía se encuentra en etapa de comentarios, por lo que su contenido podría presentar modificaciones antes de una eventual expedición definitiva.