La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al senador, Didier Lobo Chinchilla por los lo acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros,.

Además se ordenó que el expediente pase a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar la etapa de juzgamiento.

El proceso no está relacionado con su actual condición de congresista, sino con hechos ocurridos durante su administración municipal, entre los años 2012 y 2015.

El contrato bajo investigación

La investigación se concentra en el contrato 340 de 2012, cuyo valor ascendió a $15.295 millones. El acuerdo fue suscrito con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios y tenía como propósito suministrar el programa alimentario a niños con desnutrición o en riesgo de padecerla, así como a madres gestantes y lactantes.

El Tribunal consideró que en la licitación y asignación así como en el desarrollo del proyecto se cometieron varias irregularidades.

Entre los hallazgos mencionados por el tribunal se encuentra la ausencia de un estudio de mercado que cumpliera con las condiciones necesarias, pese a advertencias formuladas por el Departamento Nacional de Planeación.

La Corte también cuestionó que se aplicaran diferentes incrementos a los precios de los alimentos sin una explicación suficiente y que algunos documentos utilizados como soporte del proceso aparecieran con fechas posteriores al supuesto estudio de mercado.

Para el alto tribunal, estas circunstancias podrían indicar que algunos documentos fueron elaborados posteriormente con el propósito de darle apariencia de legalidad al proceso contractual.

Según la Corte, se habría generado un sobrecosto de al menos $1.077 millones en los productos alimenticios, mientras que el detrimento patrimonial calculado en el proceso asciende a aproximadamente $1.492 millones.

La investigación también incluye el pago de $27 millones por una caracterización de los posibles beneficiarios, actividad que, según el tribunal, correspondía realizar directamente al municipio.

A esto se suman cerca de $390 millones destinados al alquiler de vehículos para desarrollar esa misma labor de caracterización.

La Corte Suprema señaló que no encontró pruebas de que Didier Lobo se hubiera apropiado directamente de los recursos públicos.

Sin embargo, considera que, en su condición de alcalde y ordenador del gasto, tuvo participación en la contratación, pues suscribió el contrato y posteriormente firmó la mayoría de los comprobantes de egreso relacionados con el mismo.

Para el tribunal, las irregularidades detectadas eran situaciones que el entonces mandatario municipal habría podido advertir.

Por esta razón, el delito de peculado no se plantea como un supuesto enriquecimiento personal de Lobo, sino como una apropiación en beneficio de terceros, específicamente del contratista.

El senador Lobo, en un primer pronunciamiento señaló que respeta a las instituciones, las investigaciones y las decisiones adoptadas por la justicia. Dijo que asumirá su defensa dentro del proceso y que presentará los elementos que, a su juicio, permitirán demostrar su inocencia y contribuir al esclarecimiento de los hechos.