El Gobierno nacional anunció que se dio por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.

Esta medida abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Asimismo, concluyen los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. 

De igual manera, se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.

El jefe del Estado cuestionó el costo que para las finanzas públicas tenía  este mecanismo. que a su juicio no dio solución.

Las cifras señalan que durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario.

Sin incluir otros costos asumidos por el Estado, como los relacionados con esquemas de seguridad, desplazamientos, viáticos o las zonas habilitadas para desarrollar los procesos. 

El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley.

Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.