La Alcaldía de Ibagué dio un paso adelante en su propuesta de reestructuración administrativa. La Comisión del Plan del Concejo Municipal aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de acuerdo que modifica la estructura de la Administración Municipal y contempla, entre otros cambios, la creación de las secretarías de la Mujer y Seguridad.

La votación, que se produjo en una sesión de corta duración, contó incluso con el respaldo del concejal Jorge Bolívar, integrante de la oposición. El cabildante explicó que durante su campaña a la Alcaldía había planteado fortalecer institucionalmente los asuntos relacionados con las mujeres y señaló además que había escuchado a representantes sindicales del Palacio Municipal que estarían de acuerdo con la propuesta. Pero el respaldo político al proyecto no significa que el debate esté cerrado.

Por el contrario, la discusión apenas comienza y una de las principales preguntas que queda sobre la mesa es si la reforma responde realmente a las necesidades más urgentes de Ibagué o si termina convirtiéndose en una ampliación de la estructura burocrática de la Alcaldía.

Una reforma que llega en un momento político particular

La administración de Johana Aranda sostiene que la iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional del municipio. Sin embargo, algunos sectores han cuestionado el momento en que se presenta, cuando el país se aproxima a un nuevo ciclo electoral y comienza a moverse el escenario político regional.

Durante la discusión también hubo críticas a la manera como se ha presentado públicamente el proyecto. Desde la Administración se cuestionó la información divulgada por algunos medios sobre un supuesto aumento de la burocracia, mientras que periodistas y analistas han reclamado que la propuesta pueda ser discutida públicamente sin descalificar las preguntas de los medios. En una democracia, precisamente, una reforma administrativa de esta magnitud necesita debate, información y argumentos.

La pregunta que incomoda: ¿y la seguridad?

Uno de los principales cuestionamientos surgió durante el análisis del reconocido abogado y jurista ibaguereño Juan Pablo Estrada Sánchez, con amplia experiencia en derecho administrativo, contratación estatal y arbitraje.

Estrada consideró que una Secretaría de la Mujer puede ser una herramienta institucional importante para atender una problemática que requiere políticas públicas específicas. Sin embargo, cuestionó que dentro de la propuesta no aparezca una dependencia con responsabilidad directa sobre seguridad, y la pregunta resulta pertinente.

Ibagué enfrenta preocupaciones ciudadanas relacionadas con delincuencia, accidentalidad, convivencia y percepción de inseguridad. Si la Administración considera necesario modificar su estructura para atender nuevos desafíos, resulta razonable preguntarse por qué seguridad y movilidad no ocupan un lugar central dentro de esa transformación.

Una ciudad que necesita autoridad en las calles

La movilidad aparece como otro de los grandes vacíos señalados en el debate, Estrada calificó la situación de la movilidad en Ibagué como problemática y atribuyó parte de la dificultad a la falta de autoridad efectiva. El crecimiento del parque automotor, el comportamiento de algunos motociclistas, el estacionamiento indebido, el irrespeto por las señales de tránsito y los accidentes hacen parte de una problemática que diariamente afecta a miles de ciudadanos.

Pero también existe una dificultad institucional: el déficit de agentes de tránsito, si la ciudad necesita fortalecer la autoridad encargada de organizar la movilidad, la reestructuración administrativa parecía una oportunidad para abordar de manera directa esa situación. La pregunta queda planteada: ¿de qué sirve una nueva estructura administrativa si los problemas que los ciudadanos enfrentan diariamente continúan sin un responsable institucional suficientemente fortalecido?

Secretaría Jurídica: necesaria, pero con preguntas

La creación de una Secretaría Jurídica tampoco debería ser descartada de plano. Una administración municipal maneja permanentemente procesos contractuales, demandas, derechos de petición, procesos administrativos y asuntos de responsabilidad estatal. Una estructura jurídica sólida puede contribuir a reducir riesgos y mejorar la defensa de los intereses públicos.

El problema, según el análisis planteado, no sería la existencia de la dependencia sino la necesidad de demostrar que su creación responde a una necesidad real y que no termina duplicando funciones que actualmente desarrollan oficinas y grupos de trabajo. La eficiencia debería ser el criterio.

¿Puede ser cuestionado judicialmente?

Estrada recordó que los acuerdos municipales son actos administrativos sujetos al control de legalidad. Una vez expedido un acuerdo, puede ser cuestionado ante la jurisdicción competente si existen razones jurídicas para hacerlo.

Pero también fue claro en un punto fundamental: es prematuro hablar de ilegalidad cuando el proyecto apenas supera su primer debate. Para que exista una eventual responsabilidad jurídica de los concejales no basta con votar favorablemente un proyecto polémico o incluso inconveniente. Tendrían que aparecer circunstancias adicionales, como eventuales favores burocráticos o compromisos indebidos asociados a la aprobación. Por ahora, no existe base suficiente para afirmar que eso haya ocurrido.

El verdadero reto será demostrar resultados

La discusión de fondo no debería reducirse a si se crean dos secretarías más, la pregunta verdaderamente importante es si esas nuevas dependencias mejorarán la vida de los ibaguereños. Una Secretaría de la Mujer tendría que traducirse en mejores políticas, atención y oportunidades para las mujeres. Una Secretaría Jurídica debería fortalecer la defensa institucional y agilizar procesos. Pero, al mismo tiempo, seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos continúan siendo asuntos que requieren respuestas concretas.

La Administración tiene todavía el trámite del proyecto por delante y el Concejo deberá discutirlo en las siguientes etapas, el debate, por tanto, apenas comienza. Ibagué no necesita solamente más oficinas; necesita instituciones capaces de resolver sus problemas. Ese será el verdadero examen de esta reforma.