Aranda deja la seguridad en segundo plano y busca crear más burocracia
Mientras la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ibaguereños, la alcaldesa Johana Aranda decidió proponer una reforma para cambiar la estructura de la Alcaldía, crear nuevas dependencias y aumentar de 15 a 17 el número de Secretarías del municipio.
La iniciativa fue radicada ante el Concejo de Ibagué en un documento de 345 páginas y comenzó a ser discutida durante las sesiones extraordinarias. El proyecto contempla la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría Jurídica, además de nuevas Direcciones y modificaciones a varias dependencias que ya existen.
Pero en medio de esa transformación hay una ausencia que resulta difícil de pasar por alto, la Secretaría de Seguridad no aparece por ninguna parte.
La seguridad seguirá siendo manejada como una Dirección, a pesar de que durante los últimos años los ibaguereños han reclamado que este tema tenga una dependencia con mayor capacidad administrativa, presupuestal y de coordinación.
Y aquí aparece el primer gran interrogante de la reforma, si la Alcaldía considera necesario elevar varias dependencias al rango de Secretaría, ¿por qué la seguridad, precisamente uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, continúa en segundo plano?
Más Secretarías y más gastos
La estructura actual de la Alcaldía cuenta con 15 Secretarías, cinco oficinas, una gerencia estratégica y 39 Direcciones. La propuesta de Aranda llevaría el número de Secretarías a 17 y contempla, además, la creación de las Direcciones de Juventudes y del Centro de Atención y Protección Animal, CAPA.
También desaparecería como dependencia independiente la Dirección de Atención al Ciudadano, cuyas funciones serían fusionadas con Comunicaciones para crear una nueva Oficina de Comunicaciones y Relación Estado-Ciudadanía y la Gerencia de Proyectos Estratégicos, por su parte, pasaría a llamarse Gerencia de Ciudad.
Es decir, no se trata simplemente de cambiar nombres en un documento, hay una nueva distribución del poder administrativo, nuevos cargos directivos y, por supuesto, nuevos costos para el municipio.
De acuerdo con la información conocida sobre el proyecto, estos cambios representarían más de 1.788 millones de pesos anuales y ese dato debería ser uno de los principales puntos de discusión en el Concejo.
Porque una Secretaría no cuesta solamente el salario de quien la dirige, también implica estructura, personal, funcionamiento y gastos que deben mantenerse año tras año.
Por eso la pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta crear estas dependencias, sino cuánto le costará a Ibagué mantenerlas durante el resto de esta administración y en los gobiernos que vienen.
¿Modernización o burocracia?
La reforma genera además una discusión de fondo, ¿realmente se están creando nuevas funciones o simplemente se están elevando de categoría algunas que ya existen?
El caso más evidente es el de la Oficina Jurídica que está a cargo de Miguel Ángel Aguiar y que pasaría a convertirse en Secretaría Jurídica. Actualmente esta dependencia ya asesora a la Administración, emite conceptos y actos jurídicos y desarrolla diferentes funciones relacionadas con el municipio. El proyecto mantiene buena parte de esas competencias, pero eleva su nivel dentro del organigrama.
Algo similar ocurre con el tema de Juventudes, actualmente estas funciones hacen parte de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. La reforma pretende separarlas para crear una nueva Dirección de Juventudes y esto pone nuevamente sobre la mesa el nombre de Claudia Aristizábal, actual secretaria de Desarrollo Social.
Con la creación de la Secretaría de la Mujer, las funciones relacionadas con este sector dejarían de estar concentradas en la estructura que actualmente dirige Aristizábal, sin embargo, al mismo tiempo se plantea crear una nueva Dirección de Juventudes, separando funciones que hoy están dentro de su Secretaría.
Por eso surge una pregunta que tendrá que responder la Administración, si la intención es descongestionar Desarrollo Social trasladando las funciones de Mujer a una nueva Secretaría, ¿por qué al mismo tiempo se crea otra Dirección que mantiene parte de la estructura bajo esa dependencia?
¿Y lo bueno?
Ahora bien, también hay aspectos de la reforma que sí tienen argumentos para ser defendidos, uno de ellos es la creación de la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción, que permitiría separar las funciones de instrucción y juzgamiento y garantizar la doble instancia en los procesos disciplinarios.
También hay ajustes en la Secretaría de Salud para fortalecer áreas de aseguramiento, salud pública, vigilancia epidemiológica e inspección, vigilancia y control.
En el caso del CAPA existe una ampliación real de infraestructura y servicios veterinarios, por lo que el debate debería centrarse en establecer si ese crecimiento operativo realmente requiere una nueva Dirección o si podría fortalecerse la estructura existente.
También se plantea fortalecer la Dirección de Espacio Público, una decisión que podría ser positiva si permite recuperar herramientas para controlar a constructoras incumplidas y ordenar efectivamente el espacio público de la ciudad y en Movilidad se busca corregir una situación que durante años generó cuestionamientos sobre la dependencia administrativa de los agentes de tránsito.
El interrogante fiscal
El analista del Ping Pong Político de Econoticias, Jorge Palacios, considera que una reestructuración puede ser necesaria, pero advierte que esta debe estar acompañada de responsabilidad fiscal.
Palacios cuestiona dónde está el estudio que demuestre las cargas laborales, las necesidades reales y el impacto económico de la reforma; su preocupación es que una iniciativa que debería buscar eficiencia termine convirtiéndose en una nueva estructura burocrática para el municipio.
Y este punto es clave, porque si Ibagué tiene recursos limitados para invertir en seguridad, infraestructura, empleo, salud o programas sociales, cada peso adicional destinado a funcionamiento debe estar plenamente justificado.
¿Dónde queda la seguridad?
Ibagué tendrá, si el Concejo aprueba la reforma, una Secretaría de la Mujer, una Secretaría Jurídica, nuevas Direcciones y una nueva distribución de funciones, pero no tendrá una Secretaría de Seguridad.
La Administración considera que la seguridad puede continuar como Dirección, mientras eleva a Secretaría otras áreas que ya tienen funciones dentro de la Alcaldía.
Y eso merece una discusión seria, porque si la inseguridad exige más coordinación, más presupuesto, más capacidad de reacción y una política integral, ¿por qué no darle a la seguridad el mismo nivel administrativo que ahora se les quiere dar a otras áreas?
La decisión está en el Concejo
Ahora la responsabilidad está en manos de los concejales de Ibagué, quienes deberán preguntar cuánto costará cada nueva dependencia, qué cargos adicionales se crearán, qué funciones nuevas tendrán, cuáles se duplican, qué resultados se esperan y, sobre todo, por qué la seguridad no fue incluida en esta reforma.
Porque si la Administración pretende modificar por completo su organigrama, el Concejo debe exigir que detrás de cada nuevo cargo exista una necesidad demostrada y no simplemente una decisión política.
