En una de las primeras decisiones de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad vinculadas a procesos de diálogo de paz hacia cárceles de alta seguridad en diferentes regiones del país. La medida, anunciada por la Presidencia, busca fortalecer el control penitenciario y evitar que estructuras criminales continúen delinquiendo desde los centros de reclusión.

Entre los establecimientos que recibirán internos se encuentra una cárcel de Ibagué, junto con otros penales ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira y El Barne.

El traslado masivo fue oficializado mediante el Comunicado de Prensa 001 de la Presidencia de la República y contempla la redistribución de los internos en establecimientos de alta seguridad, como parte de la estrategia del nuevo Gobierno para reforzar la autoridad del Estado dentro del sistema penitenciario.

Según la Casa de Nariño, la decisión responde a la necesidad de impedir que algunos reclusos continúen coordinando actividades criminales desde prisión y de recuperar el control de los establecimientos carcelarios.

La administración también advirtió que no permitirá que las cárceles sean utilizadas como centros de operación por organizaciones delincuenciales y aseguró que las medidas estarán orientadas a garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y el orden al interior de los penales.

Aunque el Gobierno no reveló la identidad de los 117 trasladados, sí confirmó que se trata de personas privadas de la libertad vinculadas a procesos de diálogo de paz que estaban recluidas en distintos establecimientos del país.

Con esta decisión, la administración de Abelardo de la Espriella marca una de sus primeras acciones en materia de seguridad y política penitenciaria, en línea con el mensaje de autoridad y recuperación del control institucional que el mandatario expuso durante su discurso de posesión.