La controversia por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) volvió a encender el debate político en el Tolima luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara su intención de derogarlas. Durante una entrevista en Econoticias de Ecos del Combeima, el representante a la Cámara Renzo García y el diputado Giovanny Molina expusieron posiciones completamente opuestas sobre el futuro de esta figura.

Renzo García sostuvo que las APPA cuentan con respaldo constitucional y legal, por lo que considera que no pueden eliminarse únicamente mediante una decisión del nuevo Gobierno.

"Aquí lo que estamos viendo es una postura revanchista, una postura que desconoce la ley, que desconoce la Constitución y que, en últimas, termina siendo una postura dictatorial", afirmó el congresista.

El representante aseguró que las APPA desarrollan lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Constitución sobre la protección del campesinado y la producción de alimentos.

"Las APPA hoy están amparando y desarrollando dos artículos constitucionales. El campesinado gozará de especial protección constitucional y la producción de alimentos es un derecho para este país", sostuvo.

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García también rechazó las críticas sobre una supuesta imposición desde el Gobierno Nacional y cuestionó que sectores políticos del Tolima no hayan mostrado la misma oposición frente al avance de la minería ilegal.

"Nunca se han opuesto a que este departamento hoy esté bajo la amenaza de la minería contaminante. Para ellos la autonomía territorial solamente opera para criticar lo que propone Gustavo Petro, pero no para defender el agua, los bosques y el territorio", expresó.

Asimismo, defendió que las APPA fortalecerían la inversión estatal en el campo.

"Las APPA nos permiten focalizar toda la actuación del Estado. Nos ayudarían con transferencia tecnológica, valor agregado, comercialización y a resolver la tragedia de las vías terciarias del Tolima", indicó.

Por su parte, el diputado Giovanny Molina reiteró que respalda la decisión anunciada por el presidente electo de buscar la derogatoria de las APPA y recordó que ha cuestionado esta figura desde 2024.

"Nosotros estamos de acuerdo con la derogatoria. No ha sido una posición de Giovanny Molina ahora, sino desde noviembre del año 2024", manifestó.

Según el diputado, la principal preocupación es la falta de concertación con los municipios y las posibles afectaciones económicas.

"La seguridad alimentaria tiene que ir de la mano de la seguridad jurídica. No puede ser que de un momento a otro le cambien las reglas del juego a los alcaldes, a las vocaciones y al desarrollo económico", señaló.

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Molina afirmó que durante los debates realizados en la Asamblea se advirtió que las APPA podrían afectar miles de empleos en el norte del Tolima.

"Hicimos un estudio que mostraba que podía afectarse cerca de 2.000 empleos en ocho municipios, además de disminuir los ingresos tributarios de localidades de sexta categoría", aseguró.

También insistió en que el Gobierno Nacional no socializó suficientemente la medida con las comunidades y autoridades locales.

"Ese fue el debate que dimos: la protección de los recursos es importante, pero no se podía intervenir más de 54.000 hectáreas sin consultar a los alcaldes ni a las comunidades", afirmó.

Durante la entrevista también surgió un nuevo punto de confrontación alrededor de la minería ilegal. Mientras García responsabilizó a Cortolima y a las autoridades departamentales por el deterioro ambiental en la cuenca del río Saldaña, Molina sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro fue permisivo con esa actividad.

"El Gobierno de Gustavo Petro fue duro con la minería legal, pero permisivo con la minería ilegal. Hoy vemos las consecuencias en el sur del Tolima, donde estos grupos criminales se financian con esa actividad", concluyó.