El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui denunció que el Ministerio de Defensa Nacional está restringiendo el ejercicio de las garantías constitucionales de la oposición al sostener, mediante un oficio oficial, que un congresista no puede invocar directamente el Estatuto de la Oposición para solicitar información pública.

En la respuesta emitida por el Ministerio de Defensa Nacional a la oficina del representante, se afirma que las solicitudes presentadas por el mismo deben tramitarse bajo la Ley 5ª de 1992 y la Ley 1755 de 2015, “más no” bajo la Ley 1909 de 2018, argumentando que las garantías del Estatuto de la Oposición sólo pueden ser ejercidas por el representante legal de la organización política declarada en oposición y no por uno de sus congresistas.

Para Uscátegui, esta interpretación desconoce el artículo 112 de la Constitución y vacía de contenido una garantía creada precisamente para fortalecer el control político de quienes ejercen oposición al Gobierno Nacional.

El Centro Democrático ha sido declarado en oposición desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ello, resulta inaceptable que un ministerio limite las herramientas legales con las que cuentan sus congresistas para ejercer un control político oportuno y efectivo.

La controversia surge luego de que el Ministerio respondiera únicamente una parte de dos derechos de petición que contienen 260 preguntas relacionadas con contratación, proyectos estratégicos, capacidades militares y otros asuntos de defensa nacional, prorrogando la entrega de la información restante pese a la proximidad del cambio de gobierno.

El control político pierde toda eficacia cuando las respuestas llegan después de que termina el gobierno que debe ser vigilado. La transparencia no puede depender de interpretaciones administrativas que cercenan las garantías de la oposición y retrasan el acceso a información de interés público”, afirmó Uscátegui .

El congresista advirtió que la decisión del Ministerio genera serias preocupaciones sobre el respeto a las garantías constitucionales de la oposición y sobre la oportunidad con la que se está entregando información relacionada con asuntos estratégicos para la defensa nacional.

“Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no debería limitar las herramientas que la Constitución reconoce a la oposición ni aplazar la entrega de información hasta cuando el control político ya no pueda ejercerse de manera efectiva”. 

Por esta razón, anunció que radicará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la actuación de los funcionarios que suscribieron el oficio y se determine si existió una extralimitación de funciones al restringir el alcance del Estatuto de la Oposición, así como la eventual existencia de responsabilidades disciplinarias y penales derivadas de esa actuación, cuya determinación corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.

Finalmente, Uscátegui reiteró que este caso trasciende su situación particular y plantea una discusión institucional sobre el alcance de las garantías de la oposición en Colombia.

“Lo que está en juego no es el derecho de un congresista. Lo que está en juego es el derecho de millones de colombianos a que exista una oposición con herramientas reales para ejercer control político oportuno y efectivo. Cuando un Gobierno limita esas garantías y posterga la entrega de información estratégica hasta el final de su mandato, inevitablemente surgen serias preocupaciones sobre la transparencia con la que se está administrando la información pública".