Ratifican citación a alcalde de Cajamarca para que rinda cuentas sobre crisis financiera del municipio
La Asamblea del Tolima insistirá en la realización del debate de control sobre la crisis financiera de Cajamarca, luego de que el alcalde Camilo Valencia asegurara que no había sido invitado oficialmente a la sesión en la que se abordaría la situación fiscal del municipio y el proceso de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 de 1999.
El diputado Juan Guillermo Beltrán, autor de la proposición, aclaró que el debate sigue en pie y solicitó a la Mesa Directiva fijar una fecha con el fin de garantizar la participación de todos los actores involucrados.
El asambleísta explicó que la iniciativa busca abrir un espacio de discusión sobre la deuda y la crisis fiscal que enfrenta Cajamarca.
Beltrán pidió que el debate se desarrolle con reglas claras y con la participación del Gobierno departamental, el alcalde de Cajamarca, delegados del Concejo Municipal y representantes del sector productivo y comercial, para que la Asamblea cuente con información suficiente sobre la situación financiera del municipio.
Según manifestó, el propósito es discutir "la crisis fiscal del municipio de Cajamarca" y permitir que cada una de las partes exponga su posición frente a las cifras y al proceso de reestructuración financiera.
El diputado también advirtió que, a su juicio, Cajamarca atraviesa la situación más compleja del departamento al afirmar que se trata del "municipio con mayor dificultad fiscal hoy en el departamento".
El pronunciamiento se produjo después de que el alcalde Camilo Valencia respondiera públicamente que "aún no hemos sido invitados" al debate anunciado por la Asamblea.
La situación financiera del municipio ha generado preocupación desde el pasado 15 de mayo de 2026, cuando la administración municipal presentó ante el Concejo un proyecto para acogerse al proceso de reestructuración de pasivos contemplado en la Ley 550 de 1999.
De acuerdo con la exposición de motivos conocida por Ecos del Combeima, Cajamarca registra obligaciones con mandamientos de pago por $32.701.433.090, una cifra cercana al presupuesto total de ingresos del municipio, estimado en aproximadamente $39.376 millones, panorama que llevó a la administración a plantear la reestructuración como una medida para recuperar la sostenibilidad fiscal.
