El proyecto de ley 398/24C – 183/24S, que debía definir las competencias de jueces y tribunales agrarios, fue archivado en la plenaria de la Cámara de Representantes tras varias modificaciones en el orden del día. Con ello, se frena la implementación plena de la Jurisdicción Agraria y Rural, creada por el Acto Legislativo 03 de 2023 y reglamentada parcialmente con la Ley Estatutaria 2570 de 2026.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lamentó la decisión y señaló que más de 10 millones de campesinos esperaban esta justicia especializada para resolver conflictos sobre tierras, servidumbres y límites de predios. Sin la ley ordinaria, los jueces agrarios ya nombrados por la Judicatura carecen de un marco legal para operar.

Razones del hundimiento

• Clima electoral polarizado: la cercanía de las elecciones del 21 de junio afectó la agenda legislativa.
• Debates internos: sectores de oposición advirtieron que las facultades otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre baldíos podrían vulnerar la propiedad privada o abrir la puerta a expropiaciones.
• Falta de tiempo: pese a los mensajes de urgencia del Gobierno, no se alcanzó a discutir y conciliar el texto en ambas cámaras.

El Gobierno anunció que volverá a radicar el proyecto el 20 de julio de 2026, al inicio de la nueva legislatura, con el fin de retomar el trámite desde cero y garantizar que la jurisdicción agraria pueda entrar en funcionamiento