La petición fue realizada durante la sesión plenaria del pasado jueves, luego de que la Secretaría General del Concejo certificara que el documento no había sido radicado, pese a que el reglamento interno de la corporación y la Ley 136 de 1994 establecen que debe presentarse dentro de los primeros diez días del segundo periodo de sesiones ordinarias.

Ante esta situación, Acevedo pidió que la copia del acta de la sesión sea remitida a la Procuraduría para que evalúe si existió una omisión por parte del jefe del Ministerio Público en la capital tolimense.

“No existe el informe de gestión radicado ante la Corporación. Razón por la cual espero que la copia del acta del día de hoy se allegue a la Procuraduría”, manifestó el cabildante.

El concejal enfatizó que no se trata de una citación o un debate de control político, sino del cumplimiento de una obligación legal que tienen los funcionarios públicos frente a las corporaciones de elección popular.

“La ley establece unas obligaciones para que los funcionarios presenten informes de gestión ante esta corporación. No podemos tener funcionarios con superpoderes que crean que nadie los vigila, que crean que nadie es quien para solicitarles cuentas e informes”, afirmó.

Durante su intervención, Acevedo también cuestionó lo que considera una falta de atención a las funciones misionales de la Personería Municipal.

“El señor personero hace muy bien otro tipo de tareas, donde llega a hacer vigilancia a grandes eventos y seguimiento a situaciones que se presentan en la ciudad, con el único fin, al parecer, de tomar provecho de las situaciones”, señaló.

Asimismo, recordó que la principal responsabilidad de la Personería debe estar enfocada en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el cumplimiento de las obligaciones legales asignadas a la entidad.

“Un personero debería estar velando por la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de los ibaguereños. Y lo mínimo que tiene que hacer es cumplir con lo que le indica la ley y no lo está haciendo”, agregó.

Finalmente, el concejal reiteró que será la Procuraduría la encargada de determinar si existen posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de la presunta omisión en la presentación del informe de gestión ante el Concejo Municipal.