Procuraduría abre investigación contra el rector del ITFIP por presuntas irregularidades
La Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública ha proferido un auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de Mario Fernando Díaz Pava, en su condición de rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).
Esta actuación se origina tras una denuncia radicada en septiembre de 2025, la cual señala una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la vigencia de ese mismo año.
El objetivo del proceso es verificar la realidad de los hechos y determinar si estos constituyen faltas disciplinarias o si el investigado actuó bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.
Uno de los ejes principales de la indagación es la presunta vulneración de derechos de carrera administrativa
Se investiga si el rector, mediante la Resolución No. 375 de 2025, realizó una presunta eliminación arbitraria de núcleos básicos de conocimiento en el manual de funciones de la institución.
Según la queja, esta modificación habría tenido la presunta finalidad de restringir la participación de funcionarios de carrera para, en su lugar, favorecer el nombramiento en provisionalidad de personas ajenas al sistema de mérito.
La Procuraduría también ha puesto la lupa sobre la presunta existencia de una "nómina paralela" dentro del Instituto, fundamentada en una posible duplicidad de funciones entre contratistas y empleados de planta.
Además, se indaga sobre un presunto clientelismo político, derivado de supuestos compromisos con el partido "SÍ SOMOS INDEPENDIENTES", mediante los cuales se habrían otorgado contratos y nombramientos a personas vinculadas a dicha agrupación.
Vinculado a ello, se investiga el presunto uso indebido de símbolos y lenguaje institucional, específicamente el lema "SOMOS ITFIP", el cual guardaría una presunta relación semántica y simbólica con el movimiento político mencionado, utilizándose supuestamente la plataforma de la entidad para fines proselitistas.
No obstante, el despacho decidió inhibirse de iniciar acción disciplinaria respecto a otros puntos de la denuncia por considerar que carecen de elementos suficientes o no constituyen falta.
Para el esclarecimiento de estas presuntas faltas, la Procuraduría ha ordenado la práctica de diversas pruebas, que incluyen la revisión de manuales de funciones, actos administrativos de nombramiento y certificaciones de idoneidad de varios funcionarios y contratistas.
