La polémica por las invasiones en Ibagué escaló un nuevo nivel luego de que Catalina Mesa, esposa del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, respondiera con contundencia a los señalamientos hechos por el concejal César Franco durante un debate de control político.

Mesa desmintió las versiones expuestas por el cabildante y aclaró que su presencia en el sector de Villa Resistencia obedece a su trabajo social como directora de la Fundación Somos Más. 

Aseguró que ha estado acompañando a comunidades vulnerables, llevando ayudas y realizando caracterizaciones, y negó cualquier vínculo con actividades ilegales o respaldo a invasiones.

La también abogada cuestionó el tono y el contenido de las afirmaciones del concejal, señalando que se basan en rumores y que desconocen la realidad social del asentamiento. 

En su intervención, enfatizó que en la zona habitan cientos de familias en condiciones precarias, incluyendo adultos mayores y niños, que requieren atención institucional.

“No soy la presunta esposa, soy la esposa de Mauricio Lizcano”, afirmó Mesa, al tiempo que criticó que se ponga en duda su labor y se lancen acusaciones sin sustento. 

Además, defendió que su trabajo no busca impedir desalojos ni desconocer decisiones judiciales, sino brindar apoyo humanitario a población vulnerable.

La polémica subió de tono cuando Mesa arremetió contra Franco, a quien acusó de “criminalizar la necesidad” y de no enfocarse en soluciones reales para la ciudad. 

También cuestionó que el concejal haya citado controversias pasadas de su esposo, asegurando que esos procesos ya fueron resueltos por la justicia.

“Qué vergüenza hacer ese tipo de afirmaciones sin verificar la información. Hay decisiones judiciales que han dejado claro ese tema”, expresó, al tiempo que pidió respeto por la presunción de inocencia.

Pero la respuesta no se quedó ahí. Mesa también lanzó duros cuestionamientos contra el concejal, asegurando que ha conocido versiones sobre presuntas polémicas relacionadas con su nombre, entre ellas señalamientos sobre posibles irregularidades en contratación por cerca de 12 mil millones de pesos que, según dijo, habrían beneficiado a familiares. 

Asimismo, mencionó versiones sobre supuestos conflictos de interés y presunto tráfico de influencias en contratos donde estarían vinculadas personas cercanas a su entorno.

“De escándalos que no hable el concejal César Franco”, afirmó, aunque aclaró que, a diferencia de lo que cuestionó, ella respetará la presunción de inocencia y no dará por ciertos dichos señalamientos.

En medio de su defensa, Mesa reconoció que en estos asentamientos pueden existir problemáticas de orden público, pero insistió en que la mayoría de sus habitantes son personas en condición de vulnerabilidad que buscan subsistir. 

Asimismo, lanzó un llamado a la administración municipal para que, en caso de desalojos, se garantice una ruta de vivienda digna.

“Es muy fácil pedir desalojos desde un escritorio, pero hay que mirar qué va a pasar con los niños, los ancianos y las madres cabeza de familia”, sostuvo.

Como cierre, la directora de la fundación invitó al concejal a recorrer el sector y conocer de primera mano la realidad de sus habitantes, mientras la controversia sigue creciendo y pone el foco sobre el manejo de las invasiones en la ciudad y el tono del debate político en el Concejo.