Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en vilo el panorama político del departamento del Amazonas tras ordenar la suspensión provisional de la elección del contralor departamental para el periodo 2026-2029. 

El caso toma fuerza en Ibagué por los vínculos del funcionario con la Contraloría Municipal y los movimientos internos que se dieron tras el cambio de mando en ese ente de control.

Se trata de Boris Andrés Hurtado, quien fue funcionario de la Contraloría Municipal de Ibagué y se desempeñó como subalterno de la ex contralora Edna Margarita Murcia Mejía. 

Su elección en el Amazonas es objeto de una demanda de nulidad electoral que cuestiona la legalidad del proceso mediante el cual fue designado.

Un elemento que ahora vuelve a escena es que tanto Hurtado como Murcia Mejía salieron de la Contraloría de Ibagué en 2025, tras la llegada y posesión de la nueva contralora, Francy Johana Ardila Salazar. Este relevo marcó un cambio en la estructura interna del organismo, del cual hicieron parte quienes hoy están en el centro de la controversia.

La acción judicial fue presentada por un abogado del Amazonas, quien advirtió presuntas irregularidades en la votación que permitió la elección del contralor. 

Según lo analizado por el Tribunal, existen indicios de que Hurtado no habría alcanzado la mayoría requerida, al ser elegido con solo cuatro votos, sin cumplir con la mitad más uno exigida por la ley.

Con base en estos argumentos, se ordenó la suspensión inmediata del acto administrativo que formalizó su elección, mientras avanza el proceso que definirá de fondo la legalidad de su designación. La medida genera un fuerte impacto institucional en el Amazonas, al tratarse de un cargo clave en el control fiscal.

El caso también sacude el escenario político de Ibagué, donde se reactivan las discusiones sobre las redes de influencia que han salido del ente de control local y su proyección en otras regiones del país.

“Existen elementos suficientes para considerar que la elección no cumplió con los requisitos legales”, señala la decisión judicial que dio paso a la medida cautelar, dejando abierta la posibilidad de que el proceso termine con la nulidad definitiva de la elección.

Por ahora, la suspensión no solo deja en incertidumbre la Contraloría del Amazonas, sino que también vuelve a poner bajo la lupa los movimientos y conexiones políticas que tuvieron origen en Ibagué tras el cambio de administración en 2025.