La alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez, y el secretario General y de Gobierno, Rafael Ardila, rechazaron las denuncias hechas por la representante a la Cámara Martha Alfonso, quien aseguró que integrantes de su campaña fueron obligados a abandonar el municipio mientras realizaban actividades políticas.

Según explicó la administración municipal, el hecho ocurrió el domingo 25 de enero cuando dos activistas realizaban volanteo sin contar con la autorización exigida por la normativa local vigente.

El secretario de Gobierno indicó que la intervención se dio en el marco del decreto 0126 de diciembre de 2025, el cual regula este tipo de actividades en el municipio.

Ardila sostuvo que en ningún momento se vulneraron derechos políticos ni se expulsó a los integrantes de la campaña. “En ningún momento se les faltó el respeto y en ningún momento tampoco se les echó del municipio”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa María Camila Sánchez aseguró que la versión entregada por la congresista no corresponde a lo sucedido y defendió la actuación de su equipo de gobierno.

“Eso es totalmente falso”, señaló, al referirse a la supuesta conducción de los activistas fuera del casco urbano por parte de la Policía.

La mandataria explicó que se trató de un procedimiento administrativo habitual, aplicado a todas las campañas políticas por igual, y recordó que situaciones similares ya se han presentado con otros movimientos que tampoco contaban con los permisos requeridos.

Asimismo, indicó que el mismo domingo sostuvo comunicación directa con la representante Martha Alfonso para aclarar lo ocurrido y reiteró que en Murillo no se vulneran derechos políticos.

“Nosotros en el municipio de Murillo no vulneramos los derechos políticos, nosotros somos demócratas”, manifestó.

Desde la Alcaldía insistieron en que el objetivo de la actuación fue garantizar la equidad entre las diferentes campañas y el cumplimiento de las normas municipales durante el proceso electoral, de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.