El debate por el incremento en la tarifa del transporte público en Ibagué sigue escalando. Esta vez el concejal Andrés Zambrano lanzó fuertes críticas contra la Secretaría de Movilidad, al considerar que no se ha actuado con transparencia frente a los estudios técnicos que respaldan el alza, la más alta registrada en el país.

Zambrano calificó como irrespetuosas las declaraciones del secretario de Movilidad y rechazó que se descalifique a quienes cuestionan la decisión. Aseguró que tanto él como otros actores han realizado solicitudes formales para conocer los soportes técnicos que llevaron a fijar la nueva tarifa.

“Muy lamentables e irrespetuosas las declaraciones del secretario de Movilidad. Canalla usted, secretario, al considerar a la ciudadanía ibaguereña ignorante. Nosotros, de manera muy juiciosa, hemos hecho las solicitudes correspondientes a la Secretaría de Movilidad para que se justifique técnicamente por qué Ibagué se convirtió en la ciudad con el alza más creciente y más alta de todo el país”, 

El concejal sostuvo que la información entregada, al parecer, habría llegado incompleta y que no se habrían explicado los criterios usados para determinar los costos de operación y el valor final del pasaje, pese a que estos deben sustentarse en estudios definidos por la normatividad vigente.

En sus declaraciones, el cabildante señaló que, aunque la Secretaría dio a conocer cómo quedó conformada la estructura tarifaria con base en la Resolución 4350 de 1998, no explicó cómo se llegó a esas conclusiones ni cuáles fueron los estudios técnicos utilizados para determinar variables como el desgaste de los vehículos y los costos de operación.

“Y el secretario de Movilidad nos omitió información porque si bien es cierto nos dio a conocer cómo se quedó conformada la estructura tarifaria a través del decreto 4350 del 98, pues no nos dijo cómo llegaron a esas conclusiones”, explicó el cabildante.

Finalmente, Zambrano defendió las protestas sociales y reiteró que continuará exigiendo respuestas claras mediante derechos de petición, con el objetivo de que la ciudadanía conozca por qué se tomó una decisión que impacta directamente su economía.