El senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, solicitó al Consejo de Estado una actuación pronta y un pronunciamiento claro frente a la legalidad del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026.

El decreto estableció un salario mínimo de $1.750.905, lo que representa un incremento cercano al 23,7 %, uno de los más altos en la historia reciente del país. Sumado al auxilio de transporte, fijado mediante el Decreto 1470 de 2025, el ingreso mensual supera los $2 millones, una decisión con efectos directos sobre toda la estructura económica y productiva nacional.

El congresista conservador aclaró que su llamado no se orienta a desconocer los derechos de los trabajadores ni la necesidad de mejorar su poder adquisitivo. Por el contrario, insistió en que la defensa del empleo formal y de los ingresos de los trabajadores pasa necesariamente por la sostenibilidad del sector empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más del 80 % del empleo en Colombia.

El senador conservador advirtió que un aumento de esta magnitud, si no está debidamente sustentado en criterios técnicos claros y realistas, puede generar un desbalance financiero significativo en miles de pequeñas empresas, comercios y emprendimientos, que hoy enfrentan altos costos operativos, cargas tributarias, inflación acumulada y restricciones de liquidez.

“Cuando una empresa no puede asumir los costos laborales, el efecto inmediato no es el bienestar del trabajador, sino el aumento del desempleo, la informalidad y el cierre de negocios. Defender al sector empresarial es también defender el empleo y la estabilidad de millones de familias”, señaló.

El dirigente conservador recordó además el precedente del Consejo de Estado, que en 2017 anuló el decreto del salario mínimo para 2016 por falta de motivación técnica suficiente, al reiterar que la Ley 278 de 1996 exige explicar de manera detallada cómo se ponderan variables como inflación, productividad, crecimiento económico y capacidad real de pago de los empleadores.

En el caso del salario mínimo para 2026, el aumento decretado sin consenso en la mesa de concertación tripartita ha generado serias inquietudes relacionadas con:

• El impacto del incremento sobre la viabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas.

• El riesgo de destrucción de empleo formal y aumento de la informalidad.

• La suficiencia de la motivación técnica y económica del acto administrativo.

• El respeto al debido proceso y al principio de concertación social.

A este panorama se suman las acciones judiciales en curso que solicitan la suspensión del decreto mientras se analiza de fondo su legalidad, lo que refuerza la necesidad de un pronunciamiento oportuno del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

El senador insistió en que una política salarial responsable debe proteger simultáneamente al trabajador y al empleador, garantizando aumentos sostenibles que no terminen debilitando el tejido empresarial ni destruyendo empleo.

“El país necesita decisiones equilibradas, técnicamente sustentadas y socialmente responsables. Sin empresas viables no hay empleo digno, y sin empleo digno no hay justicia social”, concluyó.