La Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes rechazó los hechos de amenaza que habrían puesto en riesgo la vida, la integridad y la libertad de la representante por el departamento del Chocó e integrante de la Comisión de Paz, en el ejercicio de actividad política en territorio, Astrid Sánchez Montes de Oca.

En un comunicado, la Comisión advirtió con preocupación que este tipo de hechos no constituyen situaciones aisladas, sino que se inscriben en un contexto estructural de riesgos persistentes para quienes ejercen representación política, liderazgo social y labores de construcción de paz, especialmente en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, la presencia de actores ilegales y la debilidad institucional.

En ese sentido, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto rechazó toda forma de intimidación, amenaza o violencia dirigida contra las y los congresistas de la República, contra los integrantes de esta Comisión, y contra quienes participan en los procesos políticos y electorales del país, en particular aquellos que desarrollan su labor en territorios que han sufrido de manera reiterada los efectos del conflicto armado y la violencia estructural.

Así mismo, la Comisión expresa su solidaridad institucional con la representante Astrid Sánchez Montes de Oca y exhorta al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, a adoptar, reforzar y elevar de manera inmediata todas las medidas de seguridad necesarias, con el fin de garantizar condiciones reales y efectivas para el libre, seguro y pacífico ejercicio de la representación política, tanto de los congresistas en funciones como de las y los candidatos al Congreso de la República.

La Comisión recuerda que no puede hablarse de paz sin garantías políticas, ni de democracia plena cuando el ejercicio del poder público y de la actividad política se realiza bajo amenaza. La protección de quienes representan a las comunidades, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado, constituye una obligación constitucional del Estado y un presupuesto esencial para la no repetición, la reconciliación nacional y la consolidación de la paz territorial.

Finalmente, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto reafirma su compromiso con la defensa del ejercicio político libre y seguro, con el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de los congresistas y lideres políticos en los territorios, y con la exigencia institucional de que el Estado garantice la vida, la integridad y la libertad como pilares indispensables de la democracia colombiana.