Nuevas críticas despertó el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que introduce cambios a la política de vivienda del país.

Para la concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero Ramirez, el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que fija un precio máximo de 135 salarios mínimos para la Vivienda de Interés Social en todo el país, incluidos los 49 municipios que tenían un tope excepcional de 150 salarios mínimos debido a la alta presión del suelo. 

Además, el proyecto elimina la indexación en salarios mínimos, generando inseguridad jurídica. Ambas medidas ponen en riesgo la producción de VIS y el acceso a vivienda formal para los hogares de menores ingresos 

“La vivienda social se defiende respetando la Ley, no pasando por encima de ella, como hace esta nueva maroma del Gobierno Nacional. Esta es una medida, que desconoce por completo el mercado, sepulta la VIS, y lo que quedaba de confianza”, afirmó la concejal Forero.

Además de sus cuestionamientos de legalidad, el decreto tiene consecuencias económicas graves: expulsa la VIS del mercado en Bogotá y en los otros 48 municipios, en los que la cartera de vivienda había demostrado que la presión del costo del suelo hacía inviable la producción de vivienda social. Solo el suelo, la mano de obra y la administración del proyecto pueden representar cerca del 40 % de los costos de un proyecto VIS, según el DNP. 

“Si se impone un tope desconectado de los costos reales, la VIS se vuelve inviable. En ciudades como Bogotá donde las cargas urbanísticas son altas, y se ha reducido el suelo de expansión, eso significa menos proyectos, y, por lo tanto, menos oportunidades para las familias que tienen el sueño de tener una vivienda propia y formal lo puedan lograr”, advirtió la dirigente del Centro Democrático.

El efecto negativo en las aristas urbana y social es latente: menos producción de VIS equivale a menos oferta, por consiguiente, arriendos más caros, lo que en un contexto donde los hogares de menores ingresos ya destinan más del 50 % de sus recursos a pagar el alquiler de sus viviendas, recrudece el panorama. 

A esto se suma el incentivo a la expansión de la informalidad urbana, y la eliminación de la posibilidad de tener una ciudad de calidad con menos parques, menos equipamientos, menos cesiones para la estructura ecológica principal, que son el resultado de la vivienda formal.

“Este decreto no protege a los hogares: los empuja a pagar arriendos más caros, y, en el peor escenario, a caer en la informalidad. Colombia necesita ampliar la vivienda formal, no sepultarla con decisiones equivocadas”, concluyó Forero.