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Atención: Corte Constitucional declara inexequible la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad

La Corte Constitucional determinó que, efectivamente, el Congreso no cumplió con el análisis de impacto fiscal exigido por la ley.
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Corte Constitucional
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Tomada de internet
8 Mayo 2024 - 21:41 COT por Ecos del Combeima

En una decisión tomada en la noche de este miércoles 8 de mayo, la Corte Constitucional ha tumbado la Ley 2281 de 2024, que dio origen al Ministerio de la Igualdad y Equidad. La creación de esta cartera ministerial, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, fue objeto de demanda debido a presuntos vicios en su trámite legislativo y a la ambigüedad en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República, Gustavo Petro.

Sin embargo, el alto tribunal ha diferido los efectos de su decisión, estableciendo un plazo de dos legislaturas a partir del 20 de julio de 2024. Esto implica que el Ministerio seguirá en funciones hasta el 20 de junio de 2026, mientras el Congreso tiene la tarea de subsanar los errores detectados en el proceso legislativo.

Los demandantes, entre ellos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, cuestionaron especialmente el artículo 12 de la ley, el cual otorgaba facultades extraordinarias al presidente por seis meses para expedir normas con fuerza material de ley relacionadas con el sector de Igualdad y Equidad. Además, señalaron que no se realizó un análisis exhaustivo del impacto fiscal de la iniciativa.

La Corte Constitucional determinó que, efectivamente, el Congreso no cumplió con el análisis de impacto fiscal exigido por la ley. Sin embargo, declarar la inexequibilidad de manera inmediata podría causar una desarticulación institucional que afectaría la implementación de políticas públicas destinadas a proteger a grupos vulnerables.

Por lo tanto, la Corte decidió diferir los efectos de su fallo por dos legislaturas, con el fin de permitir al Congreso corregir las deficiencias encontradas en el proceso legislativo. Esta medida busca conciliar los intereses y principios constitucionales en juego, así como salvaguardar el principio de igualdad.

La demanda fue admitida en marzo de 2023 y ha sido objeto de debate entre los magistrados de la Corte Constitucional, algunos de los cuales han expresado reservas o han salvado parcialmente su voto.