La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín radicó ante el Consejo de Estado una demanda contra el Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, norma con la que, según ella, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría creando de facto una especie de “JEP para el estallido social” bajo la figura de un Comité de Expertos Ad hoc encargado de esclarecer hechos ocurridos durante las protestas de 2019–2021.

Holguín sostiene que el Decreto fue expedido sin competencia y que vulnera la reserva legal del Congreso, al otorgar estructura, funciones, equipo técnico, financiamiento y acceso irrestricto a información estatal a un organismo que —según afirma— constituye en la práctica una entidad nacional cuya creación solo puede hacerse por ley.

La senadora también cuestionó la motivación con la que se expidió la norma. Aseguró que el Gobierno justificó el Decreto argumentando el cumplimiento de la Sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, indicó que esa decisión nunca ordenó crear comités, comisiones o mecanismos extrajudiciales como el que propone la norma. Añadió que las obligaciones derivadas del fallo ya se habían cumplido mediante el Decreto 003 de 2021.

Entre sus reparos, Holguín alertó sobre la posibilidad de que el Comité conforme equipos financiados con recursos externos, sin controles administrativos, fiscales o disciplinarios claramente definidos. Por esto, pidió la suspensión provisional del Decreto para evitar efectos irreversibles como la conformación inmediata del organismo, la contratación de personal con recursos públicos y el acceso a información sensible del Estado.

La legisladora calificó la iniciativa del Gobierno como “un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático”, y afirmó que podría convertirse en un mecanismo para generar impunidad frente a hechos de violencia, vandalismo y terrorismo ocurridos durante lo que el Ejecutivo denomina “estallido social”.

Holguín reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad, la separación de poderes y la supremacía constitucional, al advertir que el Decreto 1190, tal como está planteado, afectaría esos principios fundamentales.