El Senado aprobó la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política y establece los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, iniciativa que pasa a la Cámara para continuar sus dos últimos debates.

El proyecto de ley estatutario busca garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer el pluralismo jurídico en Colombia, un paso trascendental hacia el reconocimiento pleno de la justicia propia de las comunidades originarias.

La iniciativa, de autoría del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto a congresistas de distintas bancadas, refuerza el mandato constitucional que reconoce la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas y promueve la articulación entre ambos sistemas judiciales.

La ponencia fue respaldada por un grupo plural de senadores entre los que se destacan Carlos Alberto Benavides Mora, Clara López Obregón, Aida Marina Quilcué Vivas, Julián Gallo Cubillos, Ariel Ávila, Juan Carlos García, Fabio Amín, Paloma Valencia, Alfredo Deluque y Jorge Benedetti.

Durante el debate, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, celebró el alcance de la norma.

“Esta ley va a permitir armonizar las dos jurisdicciones que son tan necesarias, porque esos vacíos legislativos que a veces ocurren en los casos de conflictos”.

Por su parte, el senador Alberto Benavides, también del Pacto Histórico, destacó el carácter histórico de la aprobación.

“Hoy le estamos haciendo un reconocimiento histórico a más de cien años de luchas de los pueblos y las comunidades indígenas por su derecho propio, por su derecho mayor, en articulación, obviamente, con el derecho de todos los colombianos y colombianas”.

La senadora Aida Quilcué, una de las principales impulsoras de la iniciativa, resaltó el valor del consenso alcanzado:

“Una vez más ratifico que el diálogo y la construcción conjunta en medio de la diferencia en este país es posible”.

Con esta aprobación, el Senado da un paso significativo en el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la consolidación del Estado intercultural en Colombia, garantizando que las comunidades indígenas ejerzan su autonomía en armonía con el sistema judicial nacional.