¿Cartel de la poda en Ibagué? Leandro Vera revela que la ciudad paga 10 veces más que otras ciudades
El exgerente de Ibagué Limpia, Leandro Vera, reveló preocupantes cifras sobre el costo del servicio de poda en la ciudad, señalando que estamos pagando hasta 10 veces más que otras capitales del país.
Vera expuso una gráfica correspondiente al mes de agosto de 2025, donde mostró que los ibaguereños pagaron 1.457 millones de pesos mensuales por la poda de 77.137 árboles, una cifra que calificó como “indignante” y “difícil de justificar”.
“Esto va a destapar una olla. En Ibagué estamos pagando 1.457 millones por la poda, mientras que en Villavicencio, con más árboles, solo pagan 160 millones de pesos. Hay que revisar si aquí se está configurando un posible cartel de la poda”, advirtió el exgerente en exclusiva para Ecos del Combeima.
Según los datos presentados por Vera, en Villavicencio, la empresa Bioagrícola cobra 160 millones por 85.852 árboles, mientras que en Medellín el costo es de 666 millones y en Pereira de 630 millones, pese a tener condiciones y número de usuarios similares a los de Ibagué.
La diferencia, según Vera, podría representar un sobrecosto mensual de 1.296 millones de pesos, lo que equivale a más de 15.500 millones de pesos al año que salen del bolsillo de los ibaguereños.
“Nos están sacando 15.000 millones de pesos anuales por un servicio que en otras ciudades cuesta la décima parte. Esto tiene que aclararse ante la Superintendencia y la CRA”, señaló.
El exgerente cuestionó además el impacto de estas tarifas en los hogares más vulnerables. Afirmó que los estratos 1 y 2 son los más afectados, pagando entre 9.000 y 9.900 pesos más al mes por concepto de poda, comparado con ciudades como Villavicencio.
“La inclemencia que se ha vivido en Ibagué con los estratos bajos no es concebible. Si aplicáramos el mismo marco tarifario de Villavicencio, la ciudad se ahorraría 1.592 millones de pesos mensuales”, explicó.
Vera concluyó que estas cifras deben ser revisadas en el Concejo Municipal con presencia de los organismos de control: “Este debate debe darse con la Superintendencia, la CRA y los prestadores del servicio. Aquí no hay colores políticos, hay una indignación ciudadana”, puntualizó.
