El representante a la Cámara Alejandro Ocampo presidente de la Comisión de Drogas del Congreso, anunció que radicará un proyecto de ley histórico que busca regular la producción, transformación, comercialización y exportación de la hoja de coca y de la cocaína en Colombia.

“Colombia no va a salir de la guerra, no va a salir de la violencia hasta que no podamos cambiar nuestra política de drogas y nuestra relación con el mundo en torno a ellas. Si acabamos con el narcotráfico, acabaremos con la violencia, generaremos mayor economía y cortaremos el combustible de tantos grupos ilegales”, afirmó Ocampo.

Un giro histórico 

La propuesta rompe con más de 50 años de un modelo prohibicionista que ha dejado a Colombia con altos índices de violencia, millones de víctimas y territorios rurales sometidos a economías ilegales.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Colombia concentra cerca del 60% de la producción mundial de cocaína, y el negocio ilegal mueve más de 18.000 millones de dólares anuales, recursos que hoy fortalecen a estructuras armadas y redes criminales.

“Mientras la cocaína siga siendo ilegal y controlada por mafias, la guerra no tendrá fin. Colombia debe liderar una salida regulada y soberana que garantice la paz y la seguridad de sus ciudadanos”, agregó el congresista.

Un debate global que Colombia debe liderar. La iniciativa se inspira en un debate internacional cada vez más amplio. Líderes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, han planteado que la guerra contra las drogas ha fracasado. En América Latina, expresidentes como César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), a través de la Comisión Global de Políticas de Drogas, han insistido en la necesidad de regular y no prohibir.

Incluso en Europa, países como Portugal han demostrado que tratar las drogas desde la salud pública y no desde la criminalización reduce el consumo problemático y mejora los indicadores de seguridad.

Un proyecto con impacto social y económico. El proyecto de ley plantea que el Estado colombiano sea el responsable de: Regular los cultivos de hoja de coca con participación de campesinos e indígenas.

Controlar laboratorios autorizados para usos médicos, científicos y recreativos bajo estándares internacionales.

Dirigir la exportación legal hacia mercados que permitan la investigación y el uso regulado. Reorientar los recursos hacia salud pública, prevención de adicciones y desarrollo rural.

“Esta es una propuesta valiente y necesaria. Regular significa quitarle el negocio a las mafias y devolvérselo a la gente, al Estado, a la paz”, enfatizó Ocampo.

Alejandro Ocampo insistió en que este proyecto no se trata de liberalizar, sino de regular con control estatal, como mecanismo para transformar una realidad que ha condenado a Colombia a la violencia durante décadas.

“El mundo nos mira. Colombia tiene la autoridad moral y la experiencia dolorosa para proponer un cambio. Regular la cocaína no es un tabú, es una necesidad histórica para acabar con la guerra y abrirle paso a la paz”, concluyó.